No son hornos de tiluchis, son la Chiquitania carbonizada

En la Chiquitania se han expandido sobre los campos, desde hace unos 8 años, unos hornos gigantescos de barro, similares a los que construye el hornero, conocido como tiluchi en el habla popular cruceña, avecita reconocida por su laboriosa tarea de levantar con ramitas y tierra remojada su peculiar nido en lo alto de los árboles.

La segunda impresión que causan es la de hacer competencia a los enormes hormigueros de barro que construyen las termitas, grandes hormigas conocidas por sus torres pétreas e irregulares de tierra colorada. 

En septiembre de 2021, el diario El Deber difundió que se habrían hallado estos hornos para producción de carbón vegetal en San Juan de Lomerío, San Miguel, San José de Chiquitos y en el área protegida de San Rafael. La producción aproximada de cada horno es de 320 bolsas de 50 kg. (1,6 toneladas) y que para alimentar un horno se requiere la madera que quepa en 6 camiones medianos, el equivalente al desmonte de 9 hectáreas sacando 9 árboles por hectárea.  Según el reportaje, muchos producen carbón sin la debida autorización, pese a que deberían tramitar permiso.

Toda extracción maderable de contar con Certificación Forestal de Origen (CFO), una autorización expresa tramitada y concedida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra. Consiste en que «cualquier adquisición de materia prima, productos semi o elaborados realizada por empresas de transformación o comercialización de otras empresas, debe estar respaldada por el Certificado Forestal de Origen que identifique a la persona o empresa proveedora». 

Un empresario de otra rama y conocedor del tema afirma que la ABT facilita CFOs a los propietarios para la instalación de estos hornos, quienes reciben alrededor de $us. 10.000 dólares por cada uno. Un gran negocio que se ha extendido notablemente. Consultado sobre el destino de semejante cantidad de carbón vegetal, señala que es transportado en grandes camiones hasta Oruro.

La periodista Silvana Vincenti habló largamente, en octubre de 2022, sobre su reportaje de investigación acerca del negocio del carbón vegetal, los desmontes en la Chiquitania y los incendios forestales. Narró que una vez en el primer lugar donde se encontró el primero pudo constatar que son enormes, donde caben fácilmente 15 personas. Compartió el conservatorio con Chichi Cabruja, quien fuera director de áreas protegidas nacionales. Aquí compartimos una realidad conocida por muchos pero poco difundida y menos atendida debidamente por las autoridades locales, departamentales y nacionales, donde la inacción y los silencios escudados en los laberintos de la burocracia forman parte de un nuevo negocio extractivo, descontrolado y avasallador de la cultura chiquitana.

En marzo de 2022, a 30 km. de San José de Chiquitos, el Director Departamental de Control Social denunció desde el lugar la existencia de uno de los hornos «que devastan los bosques, cortan los árboles y queman la madera» manifestando que «jamás había visto algo así en Santa Cruz«.

Para el dirigente cívico de San José de Chiquitos, Darlin Méndez, «el tema de la producción del carbón vegetal se inició en San José de Chiquitos» y lamentó que «estamos avasallados, tenemos 460 nuevas comunidades, estamos en primer lugar en esta problemática”.

El negocio del carbón vegetal también devasta al Chaco

La periodista Carla Ordóñez, del periódico La Región, subraya que «el negocio del carbón vegetal arrasa con los bosques del Chaco boliviano». Entrevista a la bióloga Ludmila Pizarro, de la Fundación Biochaco, quien cual afirma que: “Hay empresas carboneras constituidas en Yacuiba y Villa Montes y hasta el momento no hay nada que frene estas acciones, porque la ABT autoriza desmontes y está establecido por ley 1700 el aprovechamiento de la madera”.

Lo cierto es que este negocio en crecimiento expansivo extrae árboles de los bosques del Oriente boliviano, extrae sus maderas y las quema hasta convertirlas en carbón con destino final el sur y el occidente del país y su exportación, está arrasando con la forma de vida natural de las comunidades de las tierras bajas de la Chiquitania y del Chaco. Un ejemplo del desastre que está causando es el que explican los apicultores y la importancia de las abejas en los ecosistemas boscosos.

La colonización del carbón amenaza proyectos apícolas de los indígenas en Villamontes

Así titula la periodista Mercedes Bluske Moscoso su investigación sobre el tema. Extractamos un fragmento de su reportaje: «Según confirmó Edgar Machaca, quien es responsable de la Unidad Operativa de Bosque y Tierra de Villamontes, dependiente de la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT), la colonia Bajío Verde es una de las 7 productoras de carbón que tiene licencia para realizar esta actividad en ese municipio, bajo categoría B, la cual permite producir de 501 a 1000 toneladas de carbón.

La industria del carbón y los proyectos apícolas, simplemente no pueden convivir en el mismo plano. 

No sólo que la deforestación deja sin alimento a las colmenas, sino que el humo, proveniente de los grandes hornos de barro en los que se convierte la madera en carbón, desorienta a las abejas y les impide volver a la colmena, produciendo un fatal desenlace para ellas. 

Ante esta realidad, los apicultores guaraníes optaron por sacar sus cajas de la zona, aunque no todos tienen las mismas posibilidades». 

Aquí el reportaje completo publicado en el medio digital Verdad con Tinta.

Reportaje completo de la periodista Silvana Vincenti para el diario El Deber, publicado el 20 de septiembre de 2021.

«En otros tiempos, los únicos hornos que conocían los lugareños eran para hacer pan. Hoy, el paisaje chiquitano se está llenando de estos, pero cada vez más grandes, y con objetivos muy distintos, la producción de carbón.

EL DEBER se trasladó hasta varios municipios de la zona, tras una alerta en redes sociales. Confirmó la existencia de los hornos en el camino a San Juan de Lomerío, a San Miguel, por San José de Chiquitos, e incluso dentro del área protegida municipal de San Rafael.

Todos saben que existen, pero pocos entienden por qué cada vez hay más. En entrevista con Galo Benítez, uno de los habitantes de la comunidad Tajibal, de 3.000 ha, en el municipio de San Miguel, que tiene ocho hornos, se calculó que la producción aproximada de cada uno de ellos es de 320 bolsas de 50 kilos (16 toneladas).

Cada bolsa se vende en la comunidad en Bs 23, precio que multiplicado por 320 sacos, genera Bs 7.360. Y si se considera que son ocho los hornos solo en Tajibal, la producción da Bs 58.880 a las personas que conforman la comunidad, y que no viven ahí, con excepción de dos. El comunario entrevistado aseguró que los demás no estaban presentes porque fueron desalojados por los originarios de San Miguel; sin embargo, tampoco había casas construidas, pero sí se evidenció una casa comunal, un pozo artesiano y la vivienda del comunario presente.

Esa cantidad de carbón, las 320 bolsas, se producen en 23 días, 8 de ellos dedicados a quemar la leña, y 15 a dejar que el horno se enfríe. Para alimentar un solo horno se requiere madera que llene seis camiones medianos, ese fue el dato de otro comunario de San Pedro de Capacho.

Un experto forestal, que pidió no dar su nombre, calculó que para llenar un solo horno se requiere desmontar nueve hectáreas, sacando un promedio de nueve árboles por cada hectárea. Es decir que para poner a funcionar los ocho hornos de carbón vegetal, hay que desmontar 72 hectáreas cada 23 días. Según el comunario de Tajibal, Galo Sevilla, el trabajo en el lugar cuenta con la autorización de la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT), y aseguró que los árboles desmontados salen de ese mismo lugar, ya que es su manera de aprovechar la madera para después dedicarse a la producción agropecuaria.

El director nacional de la ABT, Omar Quiroga, dijo que hay una directriz que permite a quien hace un desmonte, utilice los restos para leña, postes, muebles rústicos o carbón. “El que hace carbón tiene que sacar una autorización para hacer y para transportar”, recalcó.

Recordó que hace poco se hizo un decomiso grande, porque actuaron sin el permiso correspondiente que debe enmarcarse a la normativa.

El experto forestal, que trabaja en San José de Chiquitos desde hace una década, dice que la aparición de los hornos se inició en San José, y que ha ido expandiéndose a otros puntos, a la par de que aparecieron nuevos asentamientos.

“Ingresaron las comunidades, interculturales o campesinas, y con ellas la producción del carbón vegetal”, dijo. Según él, en base a qué actividad se realizará posteriormente al desmonte, hay la posibilidad de dejar algunos árboles dispersos, para la actividad ganadera, o que por lo general no pasan de cortinas rompevientos para la agricultura. “Son porcentajes mínimos los que quedan”, reconoció.

Dijo que antes esa zona era forestal y que ahora casi ya no hay manejos forestales. “Los PDM20, aparte de aprovechar todo lo que puede salir del árbol, para madera, carbón, postes, leña, tienen una patente que es mínima, así que es rentable. Además, antes pagaban el 30% de patente por volumen, ahora es el 15%”, indicó.

Otra cosa que hizo notar el consultor es que muchos ofrecen el carbón a la venta como si fuera de madera de curupaú, pero aseguró que la mayoría mete otras especies.

Dijo que hay carboneros que tienen clientes exigentes, sobre todo si se trata de exportación, pero que para el mercado local, como una tienda, generalmente mezclan especies para aumentar su producción.

La asambleísta departamental Jelly Baldivieso, que forma parte de la Comisión de Tierra y Territorio, aseguró que en lo que va de su recorrido para ver la problemática de los asentamientos, San José es el municipio donde más evidenció la presencia de los hornos para producir carbón vegetal.

“Son varios los hornos que hay en las comunidades y los desmontes los hacen ahí mismo. Pero de ahí se van a buscar a otro lado, eso es lo que está haciendo la mayoría de las comunidades, aprovechándose de la madera, son muchas hectáreas deforestadas las que hay en los lugares que visitamos, y muchas de ellas dentro de áreas protegidas (AP)”, lamentó.

Una de estas es el Área Protegida Municipal San Rafael, que ya tiene hornos dentro de su territorio. Personal técnico de la alcaldía de San Rafael y de una organización no gubernamental confirmó que la comunidad La Avispa, que tiene resolución en San José, municipio del que recibe recursos, pero que se asentó en San Rafael, tiene entre tres y cuatro hornos, uno de ellos dentro del AP, y los restantes aún por confirmar de acuerdo a coordenadas.

Asimismo, el permiso de desmonte de la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT) para esta comunidad es de 99 hectáreas; sin embargo, ya va por 300 hectáreas de árboles tumbados, 92 de ellas dentro de la zona de protección.

Jorge Vargas, alcalde de San Rafael, indicó que esta situación es de conocimiento del INRA y de la ABT. “Aquí hay una complicidad explícita del Estado en contra de las áreas protegidas, siendo que todas las AP tienen un por qué, la nuestra en un área protegida de conectividad”, aseveró.

Vargas también apuntó a que todas estas comunidades, sin excepción, viven del carbón, del extractivismo, “obviamente sin permiso”. Cuestionó que llegan, talan la madera, queman en sus hornos y usufructúan del bosque, “es tala indiscriminada, no solo árboles maderables. Están talando y quemando. Es un biocidio”, reclamó.

El presidente cívico de San José, Darling Méndez, sobre su municipio dijo que salen entre seis y siete camiones, “y hablo de camiones Volvo que vienen con doble chata, ese es el promedio”. Aseguró que los carboneros sacan árboles de una zona llamada Los Robles, también de San Juan de Buena Vista, y que ahora también están explotando la madera del lado sur.

Para Méndez, el tema de la producción del carbón vegetal se inició en San José de Chiquitos. Respaldó su afirmación en que es el municipio que más problemas tiene, “estamos avasallados, tenemos 460 nuevas comunidades, estamos en primer lugar en esta problemática”, dijo.

Para ilustrar la magnitud de la situación, Méndez indicó que es impresionante. “Si recorremos las comunidades de unos 40 km, como yendo a las colonias menonitas, vamos a encontrar las comunidades y por lo menos en cada casa hay un horno”, dijo.

En el recorrido de EL DEBER por la Chiquitania, por Santa Rosita, en Lomerío, los comunarios ya trabajaban en una especie de aserradero improvisado. Las leñas estaban regadas al borde del camino, indistintamente de que fueran gruesas o delgadas, y el humo que salía de alguno que otro horno que se encontró en plena producción, era bastante contaminante. Esta escena se ve a lo largo del recorrido, aunque hay otros hornos, como los de Tajibal y 8 de Diciembre, que no están a la vista.

Al ingresar a 8 de Diciembre, se preguntó a la persona que estaba en el lugar qué tipo de comunidad era, por alguna razón respondió que de habitantes locales, sin embargo, los miembros de la Central Indígena Chiquitana de San Miguel aseguraron que no son de la zona.

Negui Villarroel, integrante de la Central de San Miguel, dijo que hace tiempo que se está trabajando con el carbón, y “destruyendo los bosques”.

La chiquitana lamentó que no se entienda en valor de la flora y afirmó que los originarios que habitan esas tierras por centenares de años, más bien deberían tener un salario por ser guardianes de los bosques que dan el aire que todos respiran.

“El Gobierno no ha tomado los recaudos correspondientes, todo eso por pensar en la ambición política y económica. Ha permitido, a través de INRA, este desastre”, argumentó.

Para Villarroel, por más que los nuevos comunarios lleguen con resolución bajo el brazo, es un atropello en su propia casa. “Nuestros montes están cada vez más rasos, están convirtiendo en oro negro nuestros bosques, es ese oro negro el que están drenando de la Chiquitania”, lamentó.

La indígena dijo que los habitantes que llegaron hace un tiempo no son “pobrecitos” como se pretende mostrar. “La última brecha donde entramos tiene como 15 km, uno se da cuenta de que no son comunarios, sino empresarios con mucha economía. Tienen un pozo artesiano que les ha costado 15 mil dólares”, dijo por los trabajos en Tajibal.

El comunario de ahí aseguró que para construir ese pozo artesiano han dado aportes y confirmó que el costo fue de 14 mil dólares.

Malas señales

No es novedad que Bolivia está en la tabla de los países industrializados, pero lo que sí debería llamar la atención es que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) estén descontroladas.

Según Datosmacro, en 2019 produjo 24.512 kilotoneladas, con lo que se ubicó en ls posición número 100 del ranking de países por emisiones de CO2, formado por 184 países, en el que se ordenan los países de menos a más contaminantes.

El comportamiento de las emisiones de CO2 por cada 1000 dólares de PIB mide, para un mismo país, la ‘eficiencia medioambiental’ con la que se produce a lo largo del tiempo. En 2019, Bolivia ha emitido 0,24 kilos por cada 1000 dólares de PIB, una cifra menor que en 2018.

Probablemente esas cifras tengan que ver con los incendios de aquel año, pero los incendios consecutivos que queman bosques, el incremento de los desmontes para la soya y otros productos, más la masificación de la producción del carbón a lo largo de la Chiquitania, se convierten en factores adicionales de contaminación.

Para mostrar la interconexión del fenómeno ambiental, Dirk Hoffmann, experto en cambio climático, abordó la pérdida de la mitad de los glaciares en Bolivia. Dijo que el factor principal por el acelerado retroceso glaciar es el calentamiento global, causado por las emisiones de gases de efecto invernadero, “pero hay otro elemento que contribuye al derretimiento de los glaciares de montaña, los depósitos de hollín de la quema de diésel y biomasa”.

Los glaciares son extremadamente sensibles a los cambios climatológicos. “Tiene que ver con la deforestación en tierras bajas”, dice su investigación».