Pensar que Septiembre era el mes de la fiesta regional de Santa Cruz, el departamento más próspero y más habitado de Bolivia, otrora con el cielo azul «más puro de América», calor, sol y ánimo de agua de los ríos o piscina los fines de semana.
Desde hace 10 años Santa Cruz sufre con sus pueblos bajo fuego por los incendios forestales crecientes en la Chiquitania y en la Amazonia, con mayor incidencia a partir de las llamadas leyes incendiarias de Evo Morales.
Los hospitales de la ciudad capital del departamento cruceño, que distan a 350 km de la línea de incendios, están atestados de personas con afecciones respiratorias y otras dolencias provocadas por el humo y la ceniza que se han instalado desde hace semanas sobre Santa Cruz de la Sierra.
El Laboratorio de Física de la Atmósfera, dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia, afirma que «los incendios forestales, los chaqueos y la falta de acción de quienes están llamados a intervenir están produciendo una catástrofe ambiental, aniquilando nuestra valiosa fauna y flora, cuyas cenizas están comprometiendo la salud de la población boliviana.
Esta inacción estatal ha motivado que el Defensor del Pueblo presentara la mañana de este miércoles 11 de septiembre de 2024 una acción popular donde expone información sobre los incendios forestales desde el 2019 y demuestra cómo a lo largo de estos años, los focos de calor se han ido incrementando, concluyendo que, “la situación actual es altamente lesiva de derechos y ha desnudado al menos dos elementos: 1) La falta de prevención; 2) La falta de previsión y reacción efectiva frente a una situación como la presente”.
Las autoridades demandadas con la acción popular son los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer Rosales; de Salud y Deportes, María Renée Castro Cusicanqui; de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro; los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz, Mario Aguilera Cirbián; de Beni, José Alejandro Unzueta Shiriqui y de Pando, Regis Germán Richter Alencar; y los alcaldes de los municipios de: San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos, y Puerto Quijarro. En la acción, no se cita al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, máxima autoridad ejecutiva (MAE) para efectos de responsabilidad institucional ni a David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para efectos de responsabilidad sobre las leyes vigentes y la atención parlamentaria debida al desastre ambiental.
La acción popular destaca cinco aspectos sobre los que se exige acciones concretas: 1) Respecto al derecho al medio ambiente sano vinculado con la salubridad pública, señala de manera concreta que ninguno de los niveles estatales ha obrado conforme manda la norma, esto en la medida en la que, si hubieran cumplido sus deberes en lo que respecta a prevenir, alertas tempranas, etc. el escenario actual no sería así de desfavorable; 2) Respecto a los derechos de la Madre Tierra vinculados con biodiversidad y áreas protegidas; 3) Respecto a los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NPIOCs) en sus elementos de tierra, territorio y territorialidad; 4) Respecto a la situación del pueblo indígena ayoreo en aislamiento voluntario y 5) Respecto sobre la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales.
En tanto, la población civil boliviana se moviliza para apoyar a los bomberos voluntarios y activistas que se encuentran en la primera línea de combate al fuego en la Amazonia y la Chiquitania bolivianas, donde además de manos hace falta de todo.
El Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de la FCBC, reporta que los municipios con mayor área afectada por focos de calor activos son: San Matías, San Rafael, San Ignacio, Urubichá, Concepción y Ascensión de Guarayos. En el mapa, se reflejan los focos de calor activos con color amarillo, siendo la superficie roja el histórico de focos de calor acumulados desde el 1 de agosto.
Alas Chiquitanas reporta permanentemente las necesidades existentes. Incluso cuando llegan voluntarios para apagar los incendios no cuentan con la logística para llevarlos y traerlos de los sitios que distan al menos a 3 km. de las bases de operaciones. Lógicamente, los voluntarios no descansan frente al fuego que es un peligro constante. Si no pasan hambre y sed es gracias a las ollas comunes preparadas por los vecinos de las comunidades con lo que proporcionan los propios cruceños a través de donativos. Sin vehículos ni logística adecuada, cada año durante los meses de larga sequía y quemas planificadas e intencionales, ponen la vida en riesgo frente al fuego, que en la zona no sólo se expande por el suelo sino que se propaga de forma intempestiva e inclemente con las ráfagas de viento. Cuatro millones de hectáreas arrasadas, como en 2019. Y septiembre recién comienza.
La recomendación a la población en general por parte del Laboratorio de Física de la Atmósfera de la UMSA, al igual que la promovida por la Sociedad Boliviana de Neumología, es el uso de barbijos en lugares abiertos, el consumo de agua para favorecer la hidratación y humidificar los ambientes.
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