En las tranquilas calles de Winder, Georgia, Estados Unidos, un tiroteo perpetrado por un adolescente de catorce años sacudió a una comunidad y reabrió un debate que ha resurgido con fuerza en Norteamérica: ¿deben los padres ser responsables legalmente por los crímenes cometidos por sus hijos?
Colt Gray, el joven acusado de asesinar a cuatro personas en su escuela secundaria, había recibido como regalo de Navidad de su padre, Colin Gray, el arma que utilizó en el tiroteo: un rifle semiautomático AR-15. Siete meses antes del ataque, la policía ya había interrogado a Colt por amenazar con cometer un tiroteo escolar, lo que deja abierta una pregunta inquietante: ¿fue negligente el padre al armar a su hijo a pesar de las señales de advertencia?
Este caso se inserta en un marco legal en evolución donde, en un esfuerzo por combatir la violencia armada, las autoridades han comenzado a extender la responsabilidad legal a los padres. Colin Gray ahora enfrenta cargos de homicidio en segundo grado, basados en la legislación de Georgia que establece que un adulto puede ser acusado si «comete actos de crueldad contra menores que resulten en la muerte de otro ser humano”. En otras palabras, su presunta negligencia al facilitar un arma de fuego a su hijo lo coloca en el centro del debate sobre la responsabilidad parental.
Este caso no es aislado. En Michigan, también en Estados Unidos, en 2018, los padres de Ethan Crumbley, otro adolescente de 14 años que cometió un tiroteo escolar, fueron condenados por homicidio involuntario, un precedente legal importante que abrió las puertas para que los fiscales consideren más a menudo la responsabilidad penal de los padres en incidentes de violencia armada cometidos por menores.
«Estamos viendo un creciente uso de leyes existentes de manera creativa para responsabilizar a los padres», comenta Eve Brank, psicóloga y profesora de la Universidad de Nebraska-Lincoln, quien ha investigado cómo el sistema legal influye en la dinámica familiar. Según Brank, este tipo de acusaciones refleja la frustración generalizada en EE. UU. con la violencia armada, especialmente en ausencia de reformas más profundas para el control de armas. La expansión del concepto de responsabilidad parental parece, en muchos casos, una respuesta desesperada a una crisis que sigue costando vidas.
La acusación contra Colin Gray se basa no solo en la posesión del arma, sino en la idea de que falló en su deber de proteger no solo a su hijo, sino también a la sociedad. Como explica el profesor de derecho Evan Bernick, «la acusación no es que Gray quisiera que ocurriera el tiroteo, sino que su omisión fue negligente al permitir que Colt accediera al arma”. Este es un punto clave: los padres están siendo responsabilizados no por las acciones directas que llevaron a un crimen, sino por su falta de intervención.
El caso de los tiroteos escolares en EE.UU. es solo una muestra extrema de un debate mucho más amplio sobre la responsabilidad civil y penal de los padres cuando sus hijos cometen actos delictivos. Este debate es también relevante en otros contextos, como en las protestas estudiantiles y los daños a la propiedad pública. En Chile, por ejemplo, se ha discutido si los padres deben ser responsables por los destrozos causados por sus hijos durante manifestaciones. Aunque en este contexto se ha descartado la responsabilidad penal directa, los códigos civiles y las leyes de responsabilidad por hecho ajeno permiten que los padres sean demandados por los daños causados por sus hijos menores.
En muchos países, los padres son responsables civilmente por los actos de sus hijos menores de edad, como establece el Código Civil en Chile y España, así como diversas leyes en EE.UU. Esta responsabilidad puede adoptar formas diferentes, dependiendo del país y las circunstancias. En algunos casos, se presume que los padres fueron negligentes en la vigilancia o educación de sus hijos, lo que les hace responsables por las acciones de los menores. Sin embargo, la complejidad aumenta cuando se trata de jóvenes mayores de edad o situaciones de crisis familiar, como el divorcio o la separación, donde la supervisión parental se diluye.
La pregunta más profunda es si extender la responsabilidad penal a los padres puede realmente prevenir la violencia o si simplemente se trata de una reacción punitiva ante un problema mucho más complejo. Según Ekow Yankah, profesor de derecho en la Universidad de Michigan, «estas acusaciones pueden tener efectos colaterales peligrosos, especialmente en comunidades pobres o monoparentales, que a menudo carecen de los recursos necesarios para controlar a sus hijos de manera efectiva”. Esto sugiere que, en lugar de centrarse únicamente en la represión de los padres, la solución debería incluir políticas preventivas que fortalezcan la educación familiar, el apoyo social y el acceso a recursos para evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia.
De hecho, las Directrices de Riad de las Naciones Unidas, diseñadas para la prevención de la delincuencia juvenil, destacan la importancia de la familia como primera línea de defensa en la socialización de los jóvenes. Las directrices subrayan que los gobiernos deben proporcionar a las familias los recursos necesarios para criar a sus hijos en un entorno estable y seguro, y evitar la criminalización prematura de los adolescentes. Sin embargo, también reconocen que en algunos casos, la conducta del menor puede ser indicativa de fallos en la educación o en la supervisión parental .
El caso de Colt Gray y su padre Colin refleja una creciente tendencia legal que responsabiliza a los padres por los crímenes de sus hijos, especialmente en contextos de violencia armada. Pero también nos obliga a preguntarnos si castigar a los padres es la solución correcta. Tal vez, como sugieren los críticos, este enfoque solo palia temporalmente un problema estructural que requiere medidas más profundas: mejores controles sobre el acceso a las armas de fuego, una mayor inversión en programas de salud mental para los jóvenes y un sistema de apoyo familiar más robusto.
Por Mauricio Jaime Goio.
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