Una paradoja civilizadora en América

La colonización española en América, tan cargada de luces y sombras, dejó tras de sí un legado complejo y contradictorio. Y en medio de todo esto, el Derecho Indiano emerge como una pieza clave para entender la relación entre la Corona y los pueblos indígenas. Lo que para algunos fue una herramienta de control, para otros, fue la piedra angular de un esfuerzo civilizador que, a su manera, intentó crear un orden donde no solo se dictaban normas, sino que también se preservaban vidas.

El abogado español Julio Henche, en su libro Las Leyes de Indias (Gadir, Madrid, 2024), aborda de forma rigurosa este tema, desentrañando una historia poco contada. La ley, que en muchos relatos sobre la colonización queda relegada a un segundo plano o vista como mera herramienta de explotación, fue, según Henche, el baluarte de una política que protegía, al menos en papel, a los habitantes originarios de las tierras conquistadas. No es poca cosa, tratándose de un imperio que se ha visto en el banquillo de los acusados, señalado por voces críticas como la de Eduardo Galeano o Tzvetan Todorov, quienes pintan el cuadro de una colonización avasalladora y desmedida.

Tomemos, por ejemplo, la creación del «protector de indios», una figura cuyo propósito era asegurar que los abusos de los encomenderos no quedaran impunes. Puede parecer un concepto extraño en un tiempo donde la colonización suele ser narrada como una tiranía absoluta. Pero ahí estaba, funcionando en la vida cotidiana de las colonias. El hecho de que hubiera leyes que impusieran penas más severas a los españoles que maltrataran a indígenas que a aquellos que ofendían a sus compatriotas peninsulares, sugiere que la intención de la Corona no fue solo explotar, sino también controlar y, en cierta medida, proteger.

Henche insiste en que el Derecho Indiano fue aplicado con seriedad, algo que la literatura de la Leyenda Negra ha tratado de minimizar o incluso negar. Esa visión reduccionista que pinta la legislación española como pura propaganda carece de respaldo, según Henche. La realidad, por ejemplo, es que esta legislación incluyó avances humanitarios impensables en la época, como la regulación de las horas laborales o la protección legal de las tierras indígenas.

Pero claro, ésta no es una historia limpia. La existencia de leyes no implica que no se cometieran abusos. Sería ingenuo sugerir que la promulgación de la Leyes de Indias puso fin a las violaciones de derechos. Sin embargo, como apunta Henche, durante más de doscientos años, la estructura jurídica del Imperio mantuvo una sociedad relativamente pacificada en las colonias americanas. Algo que, en comparación con los otros imperios europeos, resulta casi insólito.

Lo cierto es que, en un momento histórico donde otras potencias coloniales, como Inglaterra y Francia, aún se debatían entre exploraciones fallidas y asentamientos precarios, España ya había construido un imperio de ciudades. Este «llenado urbano», como lo describe Richard L. Kagan, fue una muestra palpable de cómo la Corona intentó consolidar su poder a través de una estructura ordenada, estableciendo núcleos de civilización que perdurarían mucho después de su caída.

Uno de los puntos más intrigantes de este debate es la idea de la «integración». Mientras que la historia convencional tiende a mostrar a los imperios como opresores absolutos, la realidad del Derecho Indiano muestra que España, con todas sus contradicciones, buscó incorporar a los pueblos indígenas a un nuevo orden legal. Claro, había una eliminación de costumbres incompatibles con el derecho natural, como los sacrificios humanos o el canibalismo, pero la intención era crear una sociedad civilizada, al menos en los términos de la época.

«…Y no consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, más manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio ha recibido, lo remedien…».
(Testamento de la Reina Isabel La Católica otorgado en el lecho de muerte. Abril 1504. 12 años después del Descubrimiento de América)

Pedro Insúa, un filósofo que ha abordado esta cuestión, señala que esta legislación no fue un capricho ni una mera formalidad. Destaca el esfuerzo monumental por parte de la monarquía española para ordenar la vida social en América, incorporando a los indígenas como sujetos de derecho. Se puede argumentar, como lo hace Henche, que este fue un esfuerzo civilizatorio genuino, aunque las cicatrices de la conquista y la evangelización sigan presentes en el imaginario colectivo.

Carlos Lummis, historiador norteamericano, resalta que mientras otras potencias apenas comenzaban a asentarse en el Nuevo Mundo, España ya había construido ciudades y organizado un vasto territorio, algo que difícilmente puede ser visto como mero despojo. Como Henche subraya, el Imperio español no solo conquistaba, también fundaba, y esta acción de fundar ciudades fue parte esencial de la conquista. No se trataba de un acto puramente militar o saqueador, sino de una política de largo plazo para establecer un orden duradero.

Este relato choca de frente con las versiones más populares de la colonización. Es un desafío a las nociones preconcebidas, y quizás, en última instancia, el Derecho Indiano se nos presenta como una paradoja. Un instrumento de dominación que, al mismo tiempo, buscaba preservar y ordenar. Un esfuerzo por «civilizar» en medio de la barbarie de la conquista, pero también un testimonio de que, aún en el contexto del poder imperial, se intentaron crear mecanismos para proteger a los más vulnerables.

por Mauricio Jaime Goio.