Soy poco afecto a recordar lo que he escrito, pero en este caso, lo considero pertinente. El 15 de agosto de 2021 escribí en este muro:
«No conozco personalmente a la Sra. Jeanine Añez. Recuerdo haber compartido circunstancialmente con ella hace más o menos 25 años en una actividad oficial en Trinidad, cuando Tadeo Rivera era alcalde y yo Secretario Nacional de Participación Popular, en los albores del proceso. No me liga, por tanto, relación política, de amistad o profesional, alguna.
Quienes ejercen el poder político circunstancialmente deben asumir que la venganza no es una conducta democrática que redima la condición humana. Sencillamente, la sevicia no será nunca un atributo de la justicia, ni tiene justificativo la desproporción en las acciones punitivas de la violencia legal; el juzgador y el poder político, están obligados a garantizar las condiciones de salud y dignidad del detenido, que seguirá siendo inocente hasta que se pruebe lo contrario. El derecho penal tiene los instrumentos para evitar obstaculización del proceso o el riesgo de fuga, si la razón de la detención estuviera basada en esas causales. Cuando se defienden principios, no personas o intereses por posiciones políticas e ideológicas, se supera el vacío de ideas y argumentos, volvemos al sentido común, y podemos defender irrestrictamente a todas las personas encarceladas, sin proceso, que sufren argumentos chicaneros o se las mantienen con privación de libertad, sin que se les haya probado culpabilidad.
Por eso, no es el carácter humanitario o la salud el fundamento que avala la necesidad de aplicar un juicio justo, en el que logre defenderse y se le reconozcan las medidas sustitutivas que merece la Sra. Añez, aunque esas circunstancias agravan evidentemente la condición de la detención.
En el juicio que corresponde someterla, en primer lugar, debe iniciarse la causa respetando la investidura que ejerció y con ello, el restablecimiento de una conducta política que tiene que volver a debatir las diferencias entre adversarios, no entre enemigos. La Sra. Jeanine Añez tiene sobre sí el haber ocupado, avalada y reconocida por todos los órganos del Estado, la Presidencia Constitucional Transitoria. Las normas aprobadas durante su gestión, garantizaron la continuidad institucional del Estado, con sus condiciones de Ius Imperium interno y como sujeto de Derecho Internacional, y dieron lugar a la superación parcial de la crisis con el ascenso del actual gobierno.
Si se desconociera su investidura y con ella las acciones del poder público que se adoptaron, se abriría un vacío normativo y de gestión, que pondría en entredicho, inclusive, la base de legalidad del propio presidente Luis Arce. La Asamblea Legislativa, por el absurdo, tendría que revisar una por una todas las leyes promulgadas por el ejecutivo, cuando era presidido y con 2/3 de votos, a cargo del MAS. Francamente insostenible.»
Vuelvo al 2025.
Desligado entonces, como ahora, de intereses que podrían modificar la perspectiva, debo recordar que los acontecimientos que produjeron la renuncia y huida de Evo Morales y su gobierno, como el vacío de poder que se pretendía crear para resolver la situación por la violencia, hizo que TODOS los demócratas, reitero, TODOS los demócratas, nos identifiquemos con la valentía de la Senadora Añez, y con la oportunidad de las medidas políticas que se aprobaron. De esa transición es responsable también, por acción directa, el sector del MAS liderado por la Presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso, Eva Copa, sin cuya intervención hubiera sido imposible la pacificación del país.
El gobierno, que debía ser efectivamente de transición, recibió el apoyo nacional e internacional, y las organizaciones políticas definieron sus modalidades de participación; no hacerlo, habría sido un absurdo y habría significado la negación de la responsabilidad colectiva que se necesitaba en ese momento. Evo Morales había huido del país, algo imposible de imaginar un par de meses atrás, y por ello se abría un periodo que sólo podía ser de ordenamiento y reconciliación. La crisis de los partidos políticos, agravada por la pandemia, sin embargo, desencadenaron las situaciones conocidas.
Frente a esa situación:
Primero.
Si se ajusta la narrativa superando la venganza y la vergüenza farisaica que argumenta el MAS, la participación en el gobierno de la Presidente Interina no debería estar estigmatizado como sinónimo de oprobio, adquiriendo condición de materia a ser juzgada solamente en los casos que se demuestre culpabilidad. Y así, la Presidente se vería liberada, en la soledad vergonzosa que padece, de una condena social por omisión, que desconoce la solución política que Ella facilitó en su momento y gracias a la cual, superamos la guerra civil a la que nos querían arrastrar.
Segundo.
No insistiré en lo anterior pues será la historia y la justicia quienes establecerán la verdad y sus responsables. Lo que sí demando como ciudadano de manera imprescindible, es el compromiso de los 8 candidatos, que el 9 de noviembre del 2025 cese la venganza política contra Janine Añez, Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, y todos los que están siendo juzgados políticamente, restableciéndoseles sus garantías constitucionales.
por Carlos Hugo Molina, abogado y escritor.
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