Lo que me vuelvo a preguntar, desde hace 20 años, es la capacidad política institucional de discernir el objeto, el territorio (domicilio) y la ocupación (real) de quienes gestionan una personería jurídica, particularmente en espacios territoriales ilegítimos e ilegales (espacios públicos en las áreas urbanas) y en las tierras de propiedad privada o fiscal en las zonas rurales.