La audiencia del 26 de agosto de 2025 del caso Senkata contra Jeanine Añez Chávez y 17 acusados develó en la voz de los propios jueces David Kasa, Pedro Canasa y Wendy Flores de El Alto, que los administradores de justicia fueron víctimas de la persecución política y disciplinaria del gobierno de Luis Arce y el anterior Consejo de la Magistratura, por haber dictaminado desde el inicio que no les competía el proceso y debía tramitarse un juicio de responsabilidades.
Es el único tribunal del país que, desde el inicio de las causas judiciales contra Jeanine Añez, manifestó que ella tenía derecho a juicio de responsabilidades en su condición de expresidente. La injerencia política y el sometimiento de fiscales, jueces y funcionarios de gobierno a instrucciones de la cúpula del MAS arrasó con la independencia judicial y vulneró todas las garantías del debido proceso.
El 30 de octubre de 2023 el Tribunal 4º de Sentencia en lo Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de la ciudad de El Alto, en audiencia del caso Senkata, ya había declinado competencia debido a que fue reconocida como presidenta en el 2019 por todos los órganos del Estado. «Si bien, la forma de asumir la Presidencia del Estado Plurinacional del Estado Boliviano por Jeanine Añez Chávez es cuestionada, lo cierto es que los bolivianos hemos terminado aceptando la referida gestión presidencial dando pleno consentimiento a las disposiciones esenciales emanadas de la referida autoridad del órgano Ejecutivo; no solamente como ciudadanos, sino; también los Órganos del Estado, como el Órgano Legislativo, Judicial, Electoral, así como el Tribunal Constitucional y el Propio Órgano Ejecutivo”.
Esta resolución fue «revocada» por el juez primero cautelar de El Alto, Marco Amaru, que devolvió el expediente del caso Senkata en una aberración jurídica que obligó a los mismos jueces a continuar el proceso por la vía ordinaria, a pesar de la incompetencia de la justicia ordinaria para procesar a la expresidente en virtud de la vigencia de la Ley 044, que establece el procedimiento a seguir en caso de enjuiciamiento de expresidentes
En 2024 el Tribunal de El Alto ordenó citar por comparendo al expresidente Evo Morales y al ex ministro de Justicia, Iván Lima, por sus declaraciones públicas de injerencia en el Órgano Judicial. Lima había confesado públicamente que los procesos ordinarios en contra de Jeanine Añez fueron decididos por el “capricho” de Morales. Tras estas declaraciones, el juzgado de El Alto convocó en calidad testigos a ambas ex autoridades de gobierno.
Dicha audiencia se llevó a cabo el 21 de octubre de 2024, en la cual no se presentaron ambas ex autoridades. “Iván Lima y Evo Morales no se presentaron a la audiencia convocada dentro del juicio de la Patraña 3 Senkata, donde debían prestar declaraciones por orden de comparendo emitida por el Tribunal 4º de El Alto. Una vez más Evo Morales rehúye a las resoluciones judiciales y sigue haciendo lo que quiere en el país, lo que quiere con el país y lo que quiere con un Estado perforado por sus amenazas, presiones y una casta de lealtades obscenas, que ha desplazado a cualquier indicio de institucionalidad democrática”, expresó la ex mandataria en aquella oportunidad a través de sus redes sociales.
Casi dos años después de continuación de este juicio ilegal, en el que Jeanine Añez decidió no contar con abogado particular ante la aberración de estar sometida a un proceso sin defensa posible, se interpuso una nueva excepción de incompetencia a la que se adhirieron los 17 acusados. Esta acción se dio en el marco de la declinación del tribunal que la procesa por el caso EBA por las mismas razones de incompetencia en razón de materia, en un contexto en que el Órgano Judicial cuenta con nuevos altos magistrados elegidos en diciembre de 2024 y la pérdida del poder del MAS después de 20 años en las elecciones generales del 17 de agosto pasado.
Por unanimidad, los jueces David Kasa, Pedro Canasa y Wendy Rojas determinaron: «1. Se anula obrados hasta el vicio más antiguo que consiste hasta fojas dos de obrados. 2. Por secretaría de este tribunal, devuelva obrados y los documentos presentados por las partes como medios de prueba ante el juzgado de origen en el día, debiendo la autoridad jurisdiccional remitir inmediatamente ante la Fiscalía General del Estado, a efectos de que el presente proceso se tramite conforme a la Ley 044».
Finalmente, ordenaron la libertad de los acusados y recomendaron «a los acusadores y a las víctimas acudir con su proposición acusatoria a la Fiscalía General del Estado».
Al momento de concluir la audiencia, el presidente del Tribunal, Pedro Kasa, «por actuar en el marco de la legalidad y el debido proceso, conforme a la ley y a la Constitución Política del Estado bajo el control de constitucionalidad, fuimos perseguidos penalmente y disciplinariamente por el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia por intermedio del SEPDAVI (Servicio Plurinacional de Apoyo a las Víctimas), la Procuraduría del Estado y el Ministerio de Gobierno así como el Consejo de la Magistratura a cargo de las anteriores autoridades, al que algunos servidores judiciales se prestaron. Esperamos que ahora se reflexione, se respete la independencia judicial. La audiencia ha concluído».
Es la primera vez en cuatro años y medio desde el secuestro de la expresidente Jeanine Añez el 13 de marzo de 2021, que un juez o tribunal – en los 9 procesos ordinarios que las reparticiones de gobierno llevan en su contra- denuncia públicamente y en audiencia judicial lo que la ex mandataria sostuvo desde el inicio de su encarcelamiento: Hubo una decisión política del MAS de influir y utilizar al Órgano Judicial para encarcelar y procesar fuera de la ley a Jeanine Añez Chávez y a los 17 acusados en el caso Senkata.
Por Gabriela Ichaso.
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