Entre 2006 y 2021, las empresas públicas del Estado central se quintuplicaron. De 9 existentes hasta el arribo de Evo Morales al gobierno en 2006, el Estado pasó a 45 empresas y 22 subsidiarias de YPFB, COMIBOL y ENDE. Cerrar el grifo a 67 empresas públicas, 14 empresas públicas quebradas y al menos 60 “industrias” públicas inviables, es impostergable.
Días atrás el Ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, había denunciado que 53.945 millones de bolivianos (alrededor de 7.750 millones de dólares) de las reservas internacionales del país fueron desembolsados a las empresas públicas durante la era masista.
Entre 2006 y 2021, las empresas públicas se quintuplicaron. De 9 existentes hasta el arribo de Evo Morales al gobierno, el Estado pasó a 45 empresas, de las cuales 22 son subsidiarias de YPFB, COMIBOL y ENDE.
“Sólo tres empresas públicas corporativas son rentables y generan el 95% de los ingresos de las 67 empresas públicas”, afirmó el Ministro Lupo: YPFB, ENDE y COMIBOL, las cuales son empresas preexistentes al gobierno de Evo Morales y de Luis Arce Catacora.
Las empresas EBA, ECOBOL, EEPAF, EMAPA, ENVIBOL, QUIPUS, SENATEX, YACANA, MUTÚN, BoA, Editorial del Estado, EASBA, EBIH y YLB se beneficiaron con 2.205 millones de dólares de créditos FINPRO y del Banco Central de Bolivia.
Calificó como “empresas zombies” a EASBA, EBIH, YLB, Quipus y Yacana, empresas en quiebra técnica y que demandan 697 millones de bolivianos para cumplir con sus obligaciones financieras con el Banco Central de Bolivia y proveedores si vendieran todos sus activos. También informó que representan un daño económico al Estado de 1.294 millones de dólares.
La Industria Boliviana Química (IBQ) programó 3.409 millones de bolivianos de inversión y ejecutó 442 millones; la Industria Farmacéutica Boliviana (LIFAB) 3.348 millones de bolivianos de inversión y ejecutó 2,1, millones; la Industria de la Química Boliviana de la hoja de coca (KOKABOL), 62,4 millones de bolivianos y ejecutó 47 millones, y la industria Aceites Ecológicos (IBAE), de 7.666 millones de bolivianos programados ejecutó 638 millones.
El daño directo al Estado o la “factura del fracaso” como llamó Lupo al estado de situación alcanza a 1.463 millones de dólares que corresponden a empresas cerradas, a empresas con quiebra técnica y a gastos en proyectos en curso.
A lo que denominó la estafa de la “industrialización”, narrativa del ex ministro de Economía y ex presidente del MAS, Luis Arce Catacora, los números que respaldan la afirmación del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, evidencian el despilfarro en 174 plantas planificadas por 3.164 millones de dólares; 40 plantas entregadas de las que funcionan solo 19; y 134 en construcción de las cuales 41 se encuentran en situación crítica y/o no ejecutable.
Además, en el plazo de 90 días, las empresas fallidas están obligadas a cumplir con vencimientos por 222 millones de dólares con recursos que no generan.
El fracaso de las empresas públicas, calculado en un desfalco de 14.942 millones de dólares, supuso que no se construyeran 30 hospitales de especialidad o cuarto nivel, hasta 5000 km. de carreteras con función productiva; hasta 900 unidades educativas públicas de gran envergadura y 30 pozos exploratorios de gas.
Los pasos a continuación requieren la misma claridad y firmeza: parar el gasto público en agencias estatales de empleo inútiles y que generan pérdidas, instruir a Contraloría o a una Comisión de la Verdad (similar a la de los Hidrocarburos) la auditoría técnica y administrativa para establecer responsabilidades y aplicar una reingeniería fiscal que, con transparencia, reimpulse las empresas estratégicas del Estado y cierre las empresas fracasadas.
Por Gabriela Ichaso.
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