El primer anuncio de Manuel Saavedra como alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra apunta a la eliminación del requisito de la «ficha ambiental» para la obtención de la licencia de funcionamiento para los emprendedores y un término de un año de exención de cualquier pago municipal por este concepto. Es uno de los innumerables entuertos que sufre la ciudadanía en sus trámites ante el Estado.
Desde el «cuarto empapelado», un espacio blanco cubierto de hojas impresas que identifican cada dirección, unidad, área, jefatura del desconocido «organigrama», Mamén mostró gráficamente la ampulosa burocracia de reparticiones municipales donde nadie se salva de haber tenido que acudir para cumplir con las exigencias administrativas de cualquier trámite, en una peregrinación obligada y tortuosa. Cinco «áreas administrativas» en el Despacho del Alcalde, incluso un «área de creatividad». Una multiplicación de las mismas funciones inexplicable. Porque no es posible justificar que atribuciones que no son operativas, cuenten con «áreas administrativas» como sí las exigen la ejecución de obras, la prestación de servicios básicos, la contratación de bienes y servicios.
La maraña del «organigrama» que hereda el nuevo alcalde es la que alcanza y persigue al vecino al otro lado de la ventanilla, del escritorio, del mostrador. Así como la absurda «ficha ambiental», exigida no solo a emprendedores sino a despachos de profesionales, de peluqueros, de pulperías de barrio, tan absurdos son todos los cansones y ridículos listados de requisitos para cualquier trámite ante cualquier oficina municipal.
Para muestra, de muchas, aquí va una: El Cementerio General y también el centralismo del Cementerio General respecto a los demás cementerios.
Mi padre, junto a sus primas y primos, suscribió hace muchos años el contrato para que cuando falleciera sus restos fueran depositados en el mausoleo donde descansan su padre, su madre, sus abuelos maternos, sus tías. A través de una de sus primas, supimos que les habían exigido la renovación del contrato por otros nuevos 30 años. Pedían la firma de ellos mismos: todos mayores de 75 años; papá de 88 años en ese momento. Pedían la firma y la huella digital a personas que biológicamente rara vez conservan el pulso para escribir y casi siempre han perdido la huella digital.
Unos pocos meses después, papá falleció. El cielo estaba amenazante, a punto de llover. Fuimos al Cementerio General a tramitar su destino final, como él había previsto. La respuesta a nuestra pregunta fue través de un vidrio blindex oscuro, que impide ver al funcionario y menos, escucharlo. Quieren que los vecinos parezcan sordos para escuchar preguntas a gritos. De ahí, al primer piso, a una habitación con anaqueles de carpetas amarillentas que recuerdan al servicio de registro de personas en manos de la Policía, cuando estaba la zona del Siete Calles y después en el Tercer Anillo y la Avenida Santos Dumont, donde ahora funciona Tránsito. 40 años atrás.
La funcionaria hojeó la carpeta y nos pidió que fuéramos al mausoleo a sacar foto de algún nicho que «pareciera» vacío. Nos preguntó si teníamos difuntos con más de dos décadas de permanencia en el lugar, por si queríamos hacer reducción de sus restos y desocupar un nicho. Nos pregunta a los dolientes la información que debería ser oficial, municipal y de la «Unidad Desconcentrada» del Cementerio General. En la carpeta municipal correspondiente al mausoleo de la familia de mi padre, había algunos certificados de defunciones. De mi abuela, de su esposo, de mi abuelo… Nada. Y nada, a pesar de estar enterrados hace más de 20 años ella, 30 años don Armando y como 80 años don Alfonso padre.
Caminamos con la prima de papá hasta el mausoleo. El cielo estaba amenazante, a punto de llover. El Cementerio está tan mal cuidado que da los mismos escalofríos que las plazas y los parques, como si desde cualquier matorral alguien va a saltar a asaltarte o que si llegas de vuelta a casa sin dengue o chikunguña fue un milagro divino. En cada nicho del mausoleo familiar, había varias formas de inscripciones, sea en una pequeña pieza de mármol, una lámina metálica o directamente pintura negra sobre el blanco yeso. Únicamente en dos espacios, no decía nada.
Apuramos el paso de vuelta a la oficina municipal. Nosotras no sabíamos si había alguien allí o no. ¡Ellos tampoco! ¿Cómo puede ser que la «Unidad Desconcentrada» del Cementerio General no sepa dónde y quiénes son los difuntos y dónde se encuentran exactamente? Cualquier ciudad del tamaño de Santa Cruz de la Sierra en América del Sur, tiene archivos minuciosos, ordenados, pasibles de ser revisados, salvando lógicamente las cuestiones excepcionales de fosas comunes o entierros del siglo XIX y anteriores. Pero acá, lo expedito es lo cómodo y fácil: «Así viene desde la anterior administración municipal»… Mientras alrededor dan vueltas sin oficio varios que no sé sabe si son o no funcionarios pero deambulan en las oficinas.
Revisando la tira de papel bond fotocopiada con los requisitos para que autoricen la inhumación, la administración municipal del Cementerio General exige dos copias legalizadas por la Gobernación del certificado de óbito del difunto, fotocopia de su carnet de identidad, fotocopia legalizada u original del certificado de defunción emitido por el SERECI, fotocopia del carnet de identidad del familiar, contrato de mausoleo o nicho, impuestos municipales al día, etc. etc. etc. La mitad de los documentos son los que tendrían que estar en el archivo del Cementerio; el certificado de defunción debería ser lo único necesario para que autoricen la última voluntad de quien firmó con años de anticipación el contrato del servicio.
Papá los hubiera mandado a la punta del mástil más alto de una carabela a viva voz. Nosotros hicimos lo mismo… en silencio. Y nos fuimos con nuestra pena más grande que cualquier posible indignación. No nos daba para otra cosa.
Esa es la situación de los familiares que tienen la desgracia de perder a un ser querido y lidiar, en horas que debieran ser respetadas en lugar de confiscadas a la familia para destinarlas a trámites aleatorios del abusivo, desconsiderado y despelotado vía crucis municipal.
Es obligación del Estado en todos sus niveles, central, departamental, municipal, poner en línea sus servicios y dejar de perseguir al ciudadano con certificaciones que son invento y propiedad del Estado. La fotocopia del carnet de identidad y de cualquier documento emitido por la administración pública debe ser eliminada. Es deber de las instituciones estatales implementar sistemas de información entre sí y evitarnos a las personas naturales perder tiempo y dinero en información que tienen en sus manos (en sus anaqueles, sus sistemas informáticos, sus bases de datos). Las «legalizaciones» son otra caja del Estado por servicios que el ciudadano no necesita: las exige el Estado, por una ventanilla, para cobrar por un papel que pide el propio Estado, por otra ventanilla.
Para el vecino, para el ciudadano común, el verdadero progreso es librarse de la epidemia de la fotocopia y de las zancadillas del vuelva mañana o vaya por otra oficina y vuelve por acá del burócrata inútil, aquel que ni siquiera justifica su trabajo transmitiéndole a sus jefes que lo que hace con el «contribuyente» (falacia con la que se denomina a quien paga impuestos como obligación) es del siglo pasado.
Por Gabriela Ichaso Elcuaz.
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