Durante décadas, las democracias occidentales sostuvieron un relato optimista sobre las capacidades administrativas del Estado moderno. Después de la tragedia de dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX, la expansión de las instituciones públicas fue presentada como una garantía de estabilidad, bienestar y justicia social. De modo que los ciudadanos aceptaban pagar impuestos a cambio de hospitales, carreteras, educación, protección social. Sin embargo, el paso del tiempo, y la inoperancia, han fracturado esa relación.