Terminar con la hipocresía: ¿Cómo se pone fin a una tiranía?

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha presenciado numerosas intervenciones armadas que culminaron en el derrocamiento de regímenes despóticos. Sin embargo, si se analiza —con mínima honestidad intelectual— el rol de los organismos multilaterales creados precisamente para preservar la paz y los derechos humanos, el balance es desolador. En más de ochenta años, solo una vez un conflicto entre Estados fue resuelto mediante una intervención armada formalmente autorizada por las Naciones Unidas: la Guerra de Corea.

Existe una creencia ampliamente difundida según la cual la Guerra de Corea fue, en esencia, una guerra de Estados Unidos contra Corea del Norte. Esa simplificación es históricamente incorrecta. Tras la invasión norcoreana a Corea del Sur en 1950, el Consejo de Seguridad de la ONU —aprovechando la ausencia circunstancial de la Unión Soviética— autorizó la conformación de una coalición internacional para repeler la agresión. Estados Unidos fue, sin duda, el líder militar de esa coalición, pero combatieron fuerzas de más de quince países bajo mandato formal de la ONU. La guerra, que técnicamente nunca concluyó con un tratado de paz, sí terminó en los hechos con el restablecimiento del statu quo previo a las hostilidades, fijando nuevamente la frontera en el paralelo 38.

A partir de allí, la historia es clara y brutal: los regímenes autoritarios y genocidas no fueron derrocados por la ONU, sino por la acción directa de potencias regionales o imperiales, actuando conforme a sus propios intereses estratégicos. A veces con tintes imperialistas, otras veces como la única alternativa real frente a la barbarie.

El caso de Camboya es paradigmático. Bajo el régimen de los Jemeres Rojos, liderados por Pol Pot, se intentó imponer una utopía maoísta agraria que derivó en uno de los genocidios más atroces del siglo XX. Entre el 25 % y el 30 % de la población fue asesinada en menos de cinco años. Para dimensionar la magnitud, incluso tomando la cifra más baja, equivaldría a que un régimen totalitario asesinara a once millones de argentinos en un lustro. Ese régimen no cayó por sanciones, resoluciones ni misiones diplomáticas. Cayó porque Vietnam invadió Camboya, puso fin a la masacre y derrocó al gobierno genocida.

En Ruanda, en 1994, ocurrió otro genocidio a plena luz del día. Mientras la ONU debatía terminologías, competencias y mandatos, entre 800.000 y un millón de personas fueron asesinadas en apenas tres meses, en su inmensa mayoría pertenecientes a la etnia tutsi, víctimas de una planificación sistemática por parte del régimen hutu extremista. Proporcionalmente, sería como si en la Argentina se masacrara a cinco millones de personas en noventa días. Hubo informes, imágenes, advertencias. No hubo intervención efectiva. Ni la ONU, ni las potencias coloniales, ni la llamada “comunidad internacional” actuaron a tiempo.

Estados Unidos puso fin a la narcodictadura de Manuel Noriega en Panamá. Es un hecho histórico que Noriega había colaborado con la CIA, como también lo es que luego se transformó en un dictador criminal y narcotraficante. La ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional no hicieron nada relevante para detenerlo. El régimen cayó por una intervención militar directa. Hoy Panamá es una democracia estable y próspera.

En tiempos más recientes, el caso de Venezuela vuelve a exponer con crudeza la hipocresía internacional. La dictadura incumplió todos los acuerdos políticos, profundizó la represión y terminó consumando un escandaloso fraude al desconocer un resultado electoral que había sido demoledor. ¿Qué hizo el mundo? Nada. Brasil y México —las dos principales potencias regionales— terminaron avalando tácitamente al régimen. La consecuencia fue una de las mayores diásporas de la historia latinoamericana.

La conclusión es incómoda, pero inevitable: en los últimos ochenta años no existe un solo antecedente serio que permita sostener que algún organismo internacional haya sido eficaz para poner fin a un régimen autoritario o totalitario. Nos guste o no, han sido los imperios —en sus áreas de influencia— los únicos actores capaces de desmantelar esas estructuras de poder.

Hoy el escenario es Irán. Una parte significativa de la juventud iraní se está inmolando en Teherán y en otras ciudades. Se habla de decenas de miles de muertos en pocos días, de ejecuciones sumarias, de una represión sistemática. No seamos hipócritas: estos jóvenes serán masacrados si el régimen se mantiene en pie. Irán no es una dictadura corrupta y desorganizada como la venezolana. Es un régimen teocrático, estructurado, ideológico y brutal, que no admite soluciones graduales ni transiciones “normales”.

Quiero ser claro: no considero moralmente reprochable eliminar a un tirano. Millones de vidas se habrían salvado si Hitler o Stalin hubieran sido asesinados a tiempo. En este contexto, la eliminación militar —convencional o quirúrgica— de la cúpula del régimen iraní aparece como la única vía realista para detener la masacre y salvar a una generación que quiere vivir distinto: mujeres que quieren mostrar su cabello, hombres y mujeres que desean decidir libremente cómo vivir.

No hacer nada es convalidar la matanza. Es permitir una nueva Siria, una nueva diáspora, donde los jóvenes —especialmente los más formados— terminan en Europa viviendo, en muchos casos, como parias. El mundo fracasó en crear un organismo multilateral eficaz para enfrentar estas tragedias. Fingir lo contrario es una forma de hipocresía. Esperar a que ese organismo se consolide es una utopía que no ofrece ninguna respuesta a los jóvenes que mañana serán ahorcados en Teherán por protestar.

Si mañana Israel, Europa o Estados Unidos decidieran eliminar físicamente a la cúpula gobernante iraní, contarían con mi aprobación. No hacerlo es mirar hacia otro lado mientras la historia vuelve a repetirse. No hacerlo es, en el fondo, avalar que los regímenes con tendencias autoritarias se radicalicen, seguros de que, pase lo que pase, nada ocurrirá. Quizás la intervención llegue tarde para quienes esperan la horca mañana en Teherán, pero si no se actúa, cientos o miles más se sumarán a los que ya son brutalmente asesinados en las calles.

Por Alberto Bigliardi, abogado.

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