Atrapados en el limbo

En Chile, a contrapelo de lo que pasa en el resto del mundo, muchos extranjeros quieren irse, pero no pueden. Lo común es el migrante que lucha por quedarse. Del que hablamos en este artículo sólo quiere partir, volver, reubicarse, terminar un ciclo, o cómo quiera que lo llamemos, pero que ha quedado atrapado en un laberinto administrativo del que no encuentra salida. Nos encontramos ante una paradoja, la del no se puede ir de un lugar en el que es ilegal.

Durante siglos, migrar, ya sea entrar o salir, se entendió como una expresión elemental de libertad. Hoy la libertad queda condicionada por un entramado de requisitos, documentos, validaciones consulares y autorizaciones que transforma el proceso en una empresa incierta o imposible. Un derecho humano básico, que lejos de operar como el fundamento que debería ser, termina supeditado a la pertenencia a una comunidad política que los haga exigibles. Cuando esa pertenencia se rompe, el individuo queda suspendido en un vacío. Puede habitar el territorio, pero no accede al reconocimiento que vuelve efectiva la protección.

Eso es lo que se observa hoy en Chile con un segmento relevante de personas migrantes que ingresaron por pasos no habilitados o que se encuentra con documentación vencida. Muchas no logran regularizarse por falta de requisitos o por antecedentes difíciles de recopilar o porque su país de origen no le ofrece la posibilidad. Puesto que para salir de manera regular se exige acreditar identidad, contar con un documento de viaje vigente y cumplir condiciones administrativas que suelen depender de consulados y registros del país de origen. Cuando esos consulados no tienen capacidad o no emiten documentos o simplemente no están operativos, los migrantes quedan atrapados.

A esto se pueden sumar denuncias o controles pendientes, multas o procesos administrativos abiertos que no saben cómo cerrar, o derechamente falta de recursos para costear traslados, pasajes o gestiones. La cadena de instituciones que intervienen en el proceso (servicios migratorios, policía, registros civiles, consulados, aerolíneas) terminan transformándose en una suerte de frontera interna. En la práctica salir no es simplemente una cuestión de voluntad. 

La existencia de personas en este limbo migratorio revela una transformación en la lógica del control. El Estado no solo está decidiendo quién entra o quién permanece, paradójicamente condiciona quién puede irse. La libertad de movimiento se transforma en un privilegio que depende de papeles, ventanillas, cupos, coordinación entre países y, muchas veces, de la diosa fortuna.

Es evidente que el Estado no puede dejar salir a cualquiera sin verificar identidad, para descartar causas judiciales pendientes o riesgos como la trata de personas. El punto no es eliminar controles, sino reconocer que el control sin una propuesta de solución a estos problemas administrativos puede llegar a pervertir seriamente el proceso. Si la salida regular es inviable, la salida irregular crece. Si el Estado no ofrece una vía institucional de salida, va a terminar administrando un problema más grande. Por lo demás, una sociedad que le niega a ciertos individuos el derecho a decidir sobre su propio destino está incumpliendo con su compromiso sagrado de asegurar el respeto de un derecho humano básico. 

Aunque Chile esté optando por una política migratoria más restrictiva, debe esforzarse en desarrollar una arquitectura de gestión que funcione. Sin procedimientos claros para documentar identidad, tramitar retornos y coordinar con países de origen, el sistema simplemente está empujando a las personas hacia la informalidad.

Es fundamental trabajar sobre el desarrollo de una flexibilidad para pensar la pertenencia. Hay que reconocer que un individuo no siempre encaja en las categorías dispuestas en un formulario. Cuando eso ocurre, la respuesta no puede ser solo endurecer reglas, sino revisar los marcos institucionales que las vuelven aplicables o inaplicables.

Pareciera que hoy por hoy desplazarse físicamente nunca había sido tan fácil, pero hacerlo legalmente puede ser cada vez más difícil. La tecnología acorta distancias, mientras la burocracia levanta nuevas barreras: requisitos, verificaciones, interoperabilidad entre registros que no siempre existen. Una tensión que da pie a la figura de quien ni siquiera puede ejercer la libertad básica de salir.

Los migrantes que no pueden irse encarnan la contradicción de un mundo que promete libertad, pero la subordina a trámites que no siempre son practicables. Y mientras no exista un camino institucional que combine verificación, coordinación, humanidad y criterio, la frontera será una trampa que mantendrá atrapadas a muchas personas en el limbo.

Por Mauricio Jaime Goio.

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