Judiciales sin Referéndum

Las elecciones judiciales no tienen otra forma de ser organizadas que de manera exclusiva y única. Así lo dice de forma expresa la Constitución boliviana en su artículo 182, dedicado a los magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Artículo 182.

1. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal.
2. La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral.

En concordancia, la Ley 026 del Régimen Electoral de Bolivia prohibe al Órgano Electoral realizar un proceso que se superponga a otro ya convocado por ley.

Las #EleccionesJudiciales han sido convocadas para el año 2024 mediante Ley Nº 1549 y por tanto, aunque el Presidente del Estado quiera llamar a Referéndum por decreto (lo cual ya de por sí es una inconstitucionalidad de la propia ley en cuanto a la intención de proponer reformas parciales a la CPE), el Órgano Electoral no puede atenderlo para la fecha de las elecciones judiciales ni para otra hasta después de las elecciones generales.

¿O no fue por la superposición de las elecciones primarias hacia los comicios generales de 2025 que se llevó a cabo hace unas semanas la Cumbre Política organizada por el Tribunal Supremo Electoral, donde por unanimidad acordaron eliminarlas?

¿Cuál es la intención del Presidente Luis Arce y del Ministro de Justicia Iván Lima, en este nuevo intento de enredar la estropeada convocatoria a la elección judicial con un referéndum de última hora, donde ni siquiera se plantean reformas estructurales al desacreditado sistema judicial boliviano sino a cuestiones que debieron ser zanjadas a principios de su gestión?

La subvención a los combustibles es una política económica sostenida por Arce desde su gestión como Ministro de Economía y Finanzas de Evo Morales. Para aplicarla no se consultó mientras agotaban los ingresos y las reservas del Estado; para modificarla o eliminarla ¿por qué habrían de consultar ahora?

La reelección de autoridades está definida actualmente en la Constitución por dos períodos consecutivos. El 21 de febrero de 2016 Evo Morales pidió al Órgano Electoral y a la Asamblea Legislativa Plurinacional someter a referéndum la modificación parcial de la Constitución para habilitar la reelección indefinida. Bolivia dijo no. (He aquí otra prueba de que la proposición de una reforma parcial de la Constitución debe ajustarse a los mecanismos establecidos por la propia norma suprema en su artículo 411 parágrafo II: El referéndum pedido por Evo Morales, motivado en su interés, fue aprobado por la Asamblea por 2/3 de votos para que el Órgano Electoral tuviera el mandato de organizarlo).

El número de miembros de la Cámara Baja también está cerrado en la Constitución: 130 diputados. Cada vez que se dan a conocer los datos del Censo de Población y Vivienda, su distribución debe adecuarse al número de pobladores por departamento y los políticos empiezan a disputar de forma desleal la pérdida de curules. Una vez más el gobierno de turno busca neutralizar el poder político que sumará Santa Cruz con los resultados del Censo, puesto que conforme a la realidad aumentará su número de parlamentarios.

El Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional fueron y son lo último para Evo Morales lo último para Luis Arce. Ahora también quieren saltar el Órgano Legislativo porque la correlación de fuerzas los desfavorece por peleas intestinas de su partido político.

Los magistrados de 2017, autoprorrogados desde el 3 de enero del año 2024, no tuvieron legitimidad al haber sido designados con menor votación que la mayoritaria decidida por la ciudadanía: nulos/blancos.

Los magistrados de 2024 serán elegidos entre candidatos, donde los políticos completaron listas de altamente calificados con aplazados, rellenos de autoidentificados (indígenas) y mujeres que no dieron la talla. Así lo dispusieron los parlamentarios para salir de la mala y extemporánea convocatoria, pésima evaluación y peor resultado.

Si las elecciones judiciales se realizan con transparencia y sin velos de humo para confundir el derecho a la aspiración de una mejor justicia independiente e imparcial, tal vez el pueblo boliviano ejerza su voto con sabiduría eligiendo a los mejores juristas como altos magistrados y no pierda el tiempo en los problemas generados por un «proceso de cambio» fracasado.