Bolivia: 1458 entidades públicas componen el Estado tranca

A casi 6 meses de la nueva gestión de gobierno, una rápida revisión del Sistema de Contrataciones del Estado (SICOES) revela que Bolivia tiene 1458 entidades públicas y, a excepción del ministro de Justicia que lo fue por unas horas, Jorge Franz García Pinto, que cerró su despacho, el Estado tranca no ha variado estructuralmente.

Según el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD) en Bolivia había 526.955 funcionarios públicos en 2020, con un índice de crecimiento del 10%. A 2025, el Estado boliviano -tanto central como departamental, municipal, judicial, legislativo, ejecutivo, electoral y todas sus entidades- estaría constituido por aproximadamente 790.432 servidores públicos: casi el 10% del Padrón Electoral oficial de 7.937.138 ciudadanos en 2025. El Censo 2024, sin embargo, registra que sólo el 2,4% de la población declara trabajar en la administración pública.

En el Estado boliviano, existen 295 instituciones públicas «descentralizadas», como el Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, los Seguros Sociales Universitarios en cada uno de los nueve departamentos, la UCEP Mi Riego en La Paz, el Instituto Nacional de Catastro, el Fondo de Inversión para el Deporte, la Autoridad de Fiscalización de Empresas, Vías Bolivia, Escuela Boliviana Intercultural de Danza en La Paz, el Conservatorio Nacional de Música en La Paz, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, la Direccion Nacional de Fiscalizacion y Recaudaciones de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales (Senater), el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa – Opce, el Servicio Nacional de Desarrollo Productivo – Senadepro, el Servicio Nacional de Caminos Residual, Insumos Bolivia, el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalizacion Ana María Romero, el Apoyo Programático Sectorial A La Agricultura – Apsa, la Unidad de Coordinacion del Programa Piloto de Resiliencia Climática – Ucp-Ppcr, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, el Instituto del Seguro Agrario, el Instituto de Salud Ocupacional, Instituto Nacional De Investigaciones Socio – Laborales, Escuela Boliviana Intercultural De Musica – Ebim en Oruro, Nueva Vida Santa Cruz, la mayoría radicados en la ciudad de La Paz.

135 entidades públicas dependen de las 9 gobernaciones departamentales, 380 se reparten en los 330 municipios y 23 entidades públicas corresponden a servicios nacionales.

Figuran 14 empresas regionales, 34 empresas municipales y 44 empresas públicas nacionales en el sistema estatal de contrataciones, considerando que a principios de año el Ministerio de la Presidencia informó de la existencia de

Son 8 las instituciones financieras no bancarias, 37 entidades públicas conforman el Órgano Judicial, 77 entidades son dependientes de los Ministerios, 13 universidades públicas, 2 gobiernos autónomos indígena originario campesinos y 360 entidades públicas clasificadas como «otras».

¿Cuánto se ha avanzado en el cierre de empresas estatales deficitarias, en instituciones públicas innecesarias, en la simplificación del Estado para dejar de complicarle la vida al ciudadano? La empresa estatal Quipus sigue comprando partes, a pesar de la interpelación al ministro del área por parte del ex diputado Amilkar Barral en 2018, cuando develó que ofrecía celulares con el grabado del nombre y un tupper de promoción porque nadie los demandaba. «500 millones de bolivianos invirtió el Estado boliviano en la empresa pública Quipus. Habían afirmado que era sustentable y entre todos los parlamentarios presentes en la interpelación solo una sigue teniendo una computadora Quipus. 30.000 equipos de celulares y computadoras en depósito informados por el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural en 2018, equivalentes a 80 millones de bolivianos sin que se sepa de ellos. Han logrado vender solo 3000. Hacen promociones colocando el nombre personal en el celular que cuesta 10 bolivianos en Alasitas o un tupper por el día de la madre. Los celulares chinos son más económicos…», señalaba el ex parlamentario Barral.

Por Gabriela Ichaso Elcuaz. Fuentes: SICOES.

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