Growth Lab: Un giro económico para Bolivia*

La serie «Un giro económico para Bolivia», elaborada por el Growth Lab, está compuesta por siete documentos: (1) Principales hallazgos y prioridades de reforma (Hausmann et al., 2026), que integra y sintetiza los seis estudios temáticos de la serie; (2) La Gestación de la Crisis Macroeconómica (García et al., 2026); (3) Logros Macroeconómicos Iniciales y Desafíos Pendientes (Arcay et al., 2026); (4) Revitalizando del Sector Energético (Lamby et al., 2026); (5) Liberando el Potencial Minero y del Litio (Lamby & Hausmann, 2026); (6) Oportunidades y Desafíos en Agricultura (Shah & Hausmann, 2026); y (7) Un Diagnóstico de Crecimiento del Sector Turístico (Freeman & Hausmann, 2026). 

Este informe es el resultado de dieciocho meses de investigación independiente en Bolivia, y no habría sido posible sin el compromiso y los aportes de numerosas personas e instituciones, a quienes los autores agradecen su tiempo, su conocimiento y su vocación. La iniciativa fue financiada gracias a una generosa donación del empresario boliviano-estadounidense Marcelo Claure, quien no tuvo injerencia alguna en el diseño, la ejecución ni las conclusiones de la investigación. Agradecen también a Marcelo Trigo y Bolivia 360, cuyo apoyo constante fue clave para tender puentes con actores relevantes del sector público, el sector privado y la sociedad civil. Este informe se basa exclusivamente en información y estadísticas de acceso público disponibles al momento de su elaboración. Las bases de datos oficiales de Bolivia presentan con frecuencia problemas de actualización, cobertura o publicación oportuna, lo que limita la precisión de algunas estimaciones y la profundidad del análisis. Cuando fue posible, estas limitaciones se compensaron con fuentes secundarias, series históricas o datos internacionalmente comparables, aunque ciertas cifras deben leerse como aproximaciones y no como valores definitivos. En esos casos, se aplicó criterio técnico en la construcción de los números y cálculos incluidos en el informe, y los cambios o novedades ocurridos después del 28 de febrero de 2026 no están reflejados en este documento.

El país que desmanteló sus bases productivas durante dos décadas es el mismo país que puede reconstruirlas. Los activos nunca se perdieron: el litio, el potencial solar, las tierras agrícolas, la energía hidroeléctrica, los paisajes y el patrimonio cultural siguen ahí. Lo que falta son las normas, los incentivos y las instituciones para implementarlos. Eso se puede cambiar y la actual administración ya ha demostrado que está dispuesta a dar los primeros pasos y a tomar las decisiones difíciles que se necesitan.

Los cinco pilares de este informe son el mapa de lo que debería venir a continuación. La consolidación fiscal, la protección social, la credibilidad monetaria, la reforma sectorial y el desarrollo de capacidades son los cinco pilares de un único programa. Cada uno de ellos es necesario, pero ninguno es suficiente por sí solo. La secuencia es exigente y las presiones políticas a lo largo del camino serán reales. Pero también lo son las ventajas. Los vecinos de Bolivia han demostrado lo que sucede cuando recursos comparables se combinan con instituciones creíbles y marcos de inversión abiertos: crecimiento sostenido, diversificación de las exportaciones y expansión de las oportunidades. Ese camino también está disponible para Bolivia.

Pero llevarlo a cabo requiere algo más que políticas adecuadas sobre el papel. Requiere que la sociedad boliviana comprenda lo que está en juego y por qué son necesarias las reformas. El gobierno debe explicar a la sociedad boliviana, de forma clara y coherente, cuál ha sido el costo de la crisis, qué exigen las reformas y qué es lo que estas hacen posible. Los ciudadanos que comprenden lo que está en juego son más propensos a apoyar medidas difíciles y menos propensos a dejarse influir por quienes se benefician del statu quo. La comunicación honesta no es solo buena gobernanza; en este contexto, es una herramienta de reforma.

La crisis económica de Bolivia es el resultado previsible de un modelo de desarrollo que ha desmantelado sistemáticamente los cimientos económicos de los que depende el crecimiento económico. Durante más de dos décadas, este modelo ha confundido la posesión de recursos con la capacidad de hacerlos productivos, y la redistribución de las rentas con el desarrollo de las capacidades necesarias para sostener una economía inclusiva. 

El país cuenta con abundantes recursos naturales, una fuerza laboral joven y en crecimiento y un rico patrimonio cultural. En la práctica, cada uno de estos activos está subutilizado porque las condiciones institucionales económicas y los insumos complementarios necesarios para aprovecharlos se han erosionado sistemáticamente o nunca se crearon. La restricción vinculante para el crecimiento ha sido el colapso de las normas, los incentivos y las capacidades que permiten a los ciudadanos y a las empresas descubrir, invertir, innovar, competir y generar crecimiento.

El desmantelamiento de las capacidades productivas de Bolivia no fue resultado de la mala suerte o de shocks externos; fue el resultado acumulativo de un sistema que fue rediseñado deliberadamente para desplazar la inversión privada y la competitividad a largo plazo en todos los sectores estratégicos de la economía. En el sector de hidrocarburos, el cambio de rumbo de los marcos de inversión después de 2006 desalentó la exploración privada y provocó un declive de la producción de gas que lleva una década, lo que llevó a que las exportaciones de gas cayeran del 1,88% de las exportaciones mundiales de gas en 2015 al 0,46% en 2024. En minería, la Ley de Minería de 2014 introdujo restricciones a los derechos privados y contribuyó a un entorno más amplio de incertidumbre regulatoria, lo que afectó a la inversión en exploración. Como resultado, no se ha inaugurado ninguna nueva mina a gran escala desde 2014, incluso cuando los países vecinos Chile, Perú y Argentina atrajeron capital sustancial en el mismo cinturón geológico. En agricultura, un marco de seguridad alimentaria construido en torno a permisos de exportación y prohibiciones de semillas transgénicas suprimió activamente los incentivos a la producción y mantuvo los rendimientos entre los más bajos de la región. Por ejemplo, mientras que Brasil, Paraguay y Uruguay aumentaron significativamente su participación en la cadena de valor mundial de las proteínas entre 2005 y 2024, la de Bolivia se mantuvo estable en alrededor del 0,04% durante todo el período. En turismo, el deficiente acceso aéreo ha limitado el acceso al mercado, ya que la política ha privilegiado a una aerolínea nacional y ha restringido a las aerolíneas privadas mediante regulaciones inadecuadas, lo que ha aumentado el aislamiento de Bolivia respecto a los principales mercados turísticos. Además, destinos clave como el Salar de Uyuni carecen de bienes públicos básicos y de conectividad, lo que limita la entrada de inversión turística privada. En todos los casos prevaleció la misma lógica: el control estatal desplazó a la inversión privada, la incertidumbre desalentó el compromiso a largo plazo y nunca se desarrollaron las capacidades necesarias para competir a nivel mundial.

La crisis macroeconómica es el síntoma más visible de este fracaso sistémico más profundo. Los déficits fiscales, el colapso de las reservas, las distorsiones del tipo de cambio y la aceleración de la inflación son la expresión cuantificable de una economía que había perdido progresivamente su capacidad para producir, exportar y generar los ingresos necesarios para sostener el gasto público. Estabilizar la macroeconomía es urgente, pero no será suficiente, ya que no puede regenerar la capacidad productiva que ha sido desmantelada. Sin solucionar el colapso institucional económico más profundo, el ajuste macroeconómico puede detener la crisis, pero no puede generar el crecimiento económico que hará que la estabilización sea sostenible.

Este resumen de políticas se pregunta por qué se ha llegado a esta situación y qué se necesita para cambiar el rumbo. ¿Por qué se enfrenta Bolivia a esta crisis económica? ¿Por qué un país con vastos recursos ha tenido dificultades para convertirlos en un crecimiento económico sostenido y en diversificación? ¿Y qué se necesita para restablecer la estabilidad y, al mismo tiempo, construir una economía capaz de aprovechar por fin el enorme potencial de Bolivia? El Growth Lab ha llevado a cabo un diagnóstico exhaustivo de las limitaciones macroeconómicas y el potencial sectorial de Bolivia. Basándose en los resultados de seis documentos y en amplias consultas con funcionarios públicos actuales y anteriores, académicos, líderes empresariales y la sociedad civil, este resumen de políticas documenta las conclusiones principales del proyecto y las prioridades de reforma sugeridas.

El colapso macroeconómico es el síntoma más visible de una crisis que es mucho más profunda

El camino hacia la crisis económica era predecible, si no inevitable. Tras más de una década de grandes déficits fiscales, con un promedio del 8,5% del PIB entre 2014 y 2025, el gobierno financió el déficit, primero, agotando las reservas internacionales y luego, cada vez más, mediante la creación de dinero y la represión financiera de los ahorros nacionales cautivos mantenidos en el sistema bancario y en Gestora. A medida que las reservas (excluyendo el oro) se reducían (de 13.500 millones de dólares en 2014 a solo 365.4 millones de dólares en marzo de 2023), la presión se desplazó al mercado cambiario: la escasez de dólares se intensificó, los mercados paralelos se expandieron y la prima del tipo de cambio en su punto álgido (junio de 2025) superó el 136% sobre el tipo oficial. Para 2025, el déficit fiscal de Bolivia, de 12,2% del PIB, se situaba entre los más altos del mundo.2 La inflación anual se aceleró por encima del 20%, la escasez de combustible interrumpió la producción y el transporte en todo el país y, al no haber reservas de divisas líquidas, la compresión de las importaciones se volvió inevitable. Lo que comenzó como un desequilibrio macroeconómico se convirtió en una dificultad cotidiana para los hogares y las empresas: largas colas en las gasolineras, empresas incapaces de importar insumos y familias viendo cómo se erosionaban sus ahorros y pensiones.

El detonante de la crisis fue el colapso de la producción de gas natural. Entre 2014 y 2025, la producción cayó un 54,2% (de 59,6 a 27,3 millones de metros cúbicos diarios) y los volúmenes de exportación un 77,6%, lo que redujo los ingresos fiscales por hidrocarburos del 12,1% del PIB en 2014 al 2,8% del PIB en 2024 (y una estimación del 1,8% del PIB en 2025), lo que supone una pérdida de alrededor de 10 puntos porcentuales del PIB. Dado que el gasto público no se ajustó a esta nueva realidad de ingresos, el déficit fiscal se amplió hasta alcanzar aproximadamente el 10,2% del PIB en 2024 y el 12,2% del PIB en 2025.

Pero el colapso de los ingresos no fue un accidente geológico; fue la consecuencia directa y previsible de la falta de inversión privada en exploración que siguió a la nacionalización de 2006 y al régimen de políticas que esta inauguró. El auge del gas de finales de la década de 1990 y principios de los 2000 se había construido sobre contratos de inversión basados en normas, una regulación independiente y condiciones fiscales competitivas que atraían capital, tecnología y experiencia técnica de empresas energéticas globales, como Petrobras, Repsol y Total. Las reservas probadas se multiplicaron por siete entre 1997 y 2002, pasando de 3,8 TCF a 27,4 TCF. Luego, a partir de 2006, el gobierno revirtió esas reformas y marcos: reafirmó la propiedad estatal total, elevó la participación efectiva del gobierno a más del 80% del valor en boca de pozo mediante una combinación de regalías, impuestos y acuerdos de participación, obligó a las empresas a vender en el mercado interno a precios subsidiados (tan bajos como USD 1,25 por MMBTU cuando los precios de exportación estaban entre USD 7 y 8) y prohibió el arbitraje internacional. En términos reales, la inversiónprivada en exploración se desplomó de un promedio anual de 333 millones de dólares durante 1997-2004 a 103 millones de dólares durante los siguientes 20 años. Bolivia mató a la gallina de los huevos de oro.

No se trató de un error aislado en un solo sector económico, sino de la expresión de una estrategia de desarrollo más amplia. En la agricultura, la minería, el litio y el turismo se repitió el mismo patrón: el control estatal desplazó a la inversión privada; la incertidumbre en torno a los derechos de propiedad desalentó la exploración y la expansión; los controles de precios y las restricciones a la exportación frenaron los incentivos a la producción; y las capacidades institucionales y tecnológicas necesarias para competir a nivel mundial fueron destruidas o nunca se desarrollaron. Las consecuencias son cuantificables. La clasificación de Bolivia en el Índice de Complejidad Económica cayó del puesto 106 en 2000 al 123 en 2024, lo que refleja el fracaso de la economía para desarrollar nuevas capacidades o diversificarse hacia exportaciones más sofisticadas. Aún más llamativo es que entre 1996 y 2023 su clasificación en cuanto a la calidad de laregulación se desplomó del percentil 54 a nivel mundial a apenas el percentil 11, el segundo descenso más pronunciado del mundo, incluso peor que el de Venezuela. Durante el mismo período, la clasificación en materia de primacía del derecho también cayó, del percentil 42 al 11. Estas puntuaciones reflejan las percepciones reales entre los inversionistas y las empresas sobre si se harán cumplir los contratos, si los derechos de propiedad están seguros y si el gobierno puede comprometerse de manera creíble con políticas estables que puedan apoyar el desarrollo del sector privado.

En el proceso, Bolivia perdió su capacidad de agencia económica: la capacidad de sus ciudadanos y empresas para crear valor, adoptar tecnología y competir en los mercados nacionales y de exportación. El papel del Estado pasó dedesempeñar funciones básicas y proporcionar los insumos complementarios que permiten la inversión y la producción, como una regulación creíble, la primacía del derecho y bienes públicos confiables, a intentar controlar los resultados mediante la propiedad directa, los controles de precios, los subsidios generalizados, las cuotas de exportación y la asignación discrecional de recursos en todos los sectores estratégicos. Es posible que estas medidas hayan protegido el consumo y permitido la redistribución en el corto plazo, pero desalentaron la inversión y el desarrollo de capacidades necesarios para sostener el crecimiento y la inclusión a lo largo del tiempo. El resultado fue, por lo tanto, la previsible erosión de los cimientos económicos de los que depende el crecimiento sostenible e inclusivo.

Los primeros pasos de la nueva administración van en la dirección correcta, pero el trabajo arduo está por venir

El gobierno del presidente Rodrigo Paz, que asumió el cargo en noviembre de 2025, ha venido adoptando importantes medidas encaminadas a la estabilización. En primer lugar, logró restablecer la disponibilidad de combustible en las estaciones de servicio, mitigando así uno de los síntomas más visibles y perturbadores de la crisis para los bolivianos de a pie. Además, los Decretos Supremos 5503 (diciembre de 2025) y 5516 (enero de 2026) comenzaron a racionalizar los subsidios energéticos, introdujeron congelaciones parciales de la contratación en el sector público, ampliaron las prestaciones sociales (incluido un aumento de la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto y la creación de una nueva transferencia de tres meses denominada Bono PEPE), aumentaron el salario mínimo nacional en un 20% y eliminaron los aranceles sobre ciertas máquinas y piezas mecánicas. Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia (2026), el objetivo de déficit fiscal es de un 7% del PIB para finales de 2026. Además, el gobierno ha obtenido compromisos iniciales de financiamiento multilateral que deberían ayudar a aliviar las presiones fiscales y externas a corto plazo. A marzo de 2026, estos incluyen (i) un paquete de apoyo del BID de hasta 4.500 millones de dólares para 2026-2028, (ii) compromisos de la CAF por un valor de 3.100 millones de dólares para el período 2025-2030, (iii) una operación del Banco Mundial de 200 millones de dólares, y (iv) un apoyo de FONPLATA de 1.000 millones de dólares entre 2026 y 2030. En conjunto, estas medidas iniciales han contribuido a estabilizar el tipo de cambio y a mejorar las expectativas del mercado. A mediados de marzo de 2026, la prima del mercado paralelo cayó a alrededor del 35%, el riesgo crediticio mejoró, y Moody’s y Standard & Poor’s mejoraron sus calificaciones crediticias y las perspectivas del país.

Una reducción del déficit fiscal de alrededor de 5,2 puntos porcentuales del PIB (del 12,2% del PIB al objetivo del 7% del PIB) situaría a Bolivia entre un grupo muy reducido de países que han experimentado una contracción de sus saldos fiscales de una magnitud tan solo un año. Entre las economías emergentes, los países comparables más cercanos son

Jamaica, que redujo su déficit en 4,7 puntos porcentuales en 2010 desde una posición inicial de casi el 11% del PIB; Ghana, que logró un ajuste de 8,4 puntos porcentuales en 2023 desde un déficit del 11,8%; Mongolia, que redujo su déficit en 11,6 puntos porcentuales en 2017 partiendo de un -15,3% del PIB tras el colapso de los ingresos por materias primas (posiblemente el caso más similar desde el punto de vista estructural); y Jordania, que redujo su déficit en 8,4 puntos porcentuales en 2015 desde un -15,5% del PIB, con la reforma de los subsidios a los combustibles como instrumento central de ajuste.  Sin embargo, los cuatro casos se llevaron a cabo en el marco de programas activos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que proporcionaron un colchón externo y un anclaje institucional. La eliminación por parte de Argentina de un déficit del 5,3% del PIB en un solo año en 2024 destaca como el ajuste reciente más intenso de la región, aunque fue posible gracias a una devaluación del tipo de cambio y a una terapia de shock más amplia que difiere del enfoque de Bolivia.

Sin embargo, este es solo el primer paso, y el trabajo duro está por venir. La administración del presidente Paz ha heredado una economía moldeada por una década de distorsiones acumuladas y decisiones de política que retrasaron el ajuste en lugar de abordar las limitaciones subyacentes. Ninguna medida por sí sola puede revertirlas de la noche a la mañana, pero un ajuste parcial sin un seguimiento sostenido corre el riesgo de perder credibilidad antes de que se materialicen los beneficios del actual plan de estabilización.

Teniendo en cuenta la profundidad de los desequilibrios macroeconómicos acumulados y las medidas adoptadas hasta ahora para abordarlos, el resto de este documento expone nuestra evaluación de lo que aún falta, lo que debería implicar un programa económico exitoso para Bolivia y lo que debe procurar lograr a fin de cerrar las brechas restantes hacia la estabilidad macroeconómica y la recuperación económica.

El Plan Económico:  Cinco pilares internamente consistentes

Los tres primeros pilares tienen como objetivo abordar la estabilidad macroeconómica a corto plazo. Estos son:

1. Una consolidación fiscal creíble y que impulse el crecimiento.

2.  Una red de compensación social eficaz y específica.

3.  Una restauración creíble del equilibrio externo y de la credibilidad monetaria.

Sin embargo, la estabilización macroeconómica, aunque tenga éxito, no bastará para restablecer una senda de crecimiento sostenible. Bolivia puede reducir su déficit fiscal, reconstruir sus reservas y controlar la inflación, y aun asívolver a encontrarse en crisis unos años más tarde si no se abordan las limitaciones subyacentes que afectan al crecimiento y a la generación de divisas. El mismo colapso institucional que hizo inevitable la crisis actual (es decir, la ausencia de normas creíbles, incentivos competitivos e instituciones capaces) seguirá impidiendo que la economía genere la inversión, las exportaciones y el crecimiento de la productividad que hacen sostenible la estabilización.  Por eso, un programa económico duradero requiere dos pilares adicionales, centrados en los motores del crecimiento a mediano y largo plazo:

4. Un sistema regulatorio que permita la expansión eficiente de sectores estratégicos.

5. Una nueva base institucional para desarrollar nuevas capacidades productivas.

La distinción entre estos dos últimos pilares es relevante. Mientras que las señales de política determinan las elecciones que uno hace entre las opciones que se le presentan, las capacidades determinan qué opciones están disponibles. En ese sentido, el Pilar 4 se trata principalmente de hacer que los sectores estratégicos vuelvan a ser aptos para la inversión: apunta a corregir las distorsiones políticas e institucionales que impiden que Bolivia desarrolle y amplíe de manera rentable las capacidades actuales para generar inversión

y exportaciones. El pilar 5 es principalmente una agenda de capacidades: se trata de desarrollar los conocimientos productivos públicos, privados e institucionales necesarios para descubrir nuevas opciones y ampliar lo que Bolivia puede producir de manera competitiva a lo largo del tiempo. En resumen, el pilar 4 elimina los frenos al potencial existente y el pilar 5 construye el motor para un nuevo potencial.

En conjunto, estos cinco pilares son los cimientos de una estabilización creíble y un retorno sostenible al crecimiento duradero...

El documento completo puede descargarlo aquí.

* Hausmann, R., Venturi, L., Brenot, C., Abad, A., Arcay, G., Freeman, T., Garcia, F., Lamby, L., Shah, T. (2026). “Un Giro Económico para Bolivia: Principales Hallazgos y Prioridades de Reforma.” Growth Lab Working Paper, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.

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