Ciento ochenta delegados (tres por cada uno de los 60 sectores afiliados a la COB) fueron los convocados a la última asamblea del domingo 31 de mayo. Ellos -sus representantes y quienes financian los grupos humanos, los cachorros de dinamita, la destrucción de caminos y de carreteras, la vigilancia y el control político de los «peajes» extorsivos y selectivos- detentan la agenda política de un país secuestrado por 20.000 violentos azuzados para aterrorizar a la población y a los viajeros. Son los mandantes de los bloqueadores los que se resisten a acudir a las vías que expide la Constitución para proponer la revocatoria del presidente en un proceso de voto nacional, secreto e individual. Ellos tienen sus propias reglas, al margen del contrato social que rige la ciudadanía boliviana a través de la Constitución, y la hermenéutica de transar con los gobiernos del MAS durante casi 20 años para obtener privilegios, sedes, vehículos, fondos y espacios de poder en función a su «representatividad», lo han asumido como patrimonio de sus «usos y costumbres».
En 90 puntos de bloqueo existentes el domingo -que hoy son 100-, nadie pasa sin el permiso de los que se atribuyen el poder de decidir sobre la vida de los demás. No hay piedad, no hay sentido común, no hay razonamiento ni lógica: Solo consignas. Oficialmente, han fallecido seis personas por falta de auxilio. Los centros de salud hacen malabares para que alcance el oxígeno que es imposible proveer con caminos y carreteras cortados; los centros de abastecimiento, apenas provistos, ofrecen productos a precios elevadísimos precisamente por su escasez. En algunas localidades del departamento ganadero del Beni, falta carne. ¿Por qué? Porque es mejor negocio enviar todo lo posible a La Paz, donde cotiza a precios inalcanzables para un sueldo bajo y posibles para quienes pueden pagarla.
A los repetidos llamados al diálogo difundidos por el gobierno de Rodrigo Paz, la consigna de su renuncia o nada se endurece mientras la población, agotada por tan larga politización de la comunicación en torno a las elecciones nacionales y autonómicas, harta de verse obligada por meses a sacrificar gran parte de sus noches en las filas para conseguir combustible, indignada de que pagando sin chistar el ajuste debido a la gasolina y el diesel importados las motos y los vehículos, sin distinción de marca ni de propiedad, hubieran tenido que pasar obligados por los talleres para repararlos por la provisión de combustible «sucio», aguarda que el Estado llamado a protegerla actúe como debe. Treinta y tres días de asedio. Treinta y tres días de cerco total a la ciudad de La Paz, de incomunicación de la capital Sucre, con el resto del país, con tres departamentos (Beni, La Paz y Pando) en emergencia humanitaria declarada por sus gobernadores por la situación insostenible.
Sin apuro y como condición para aceptar un diálogo sobre el que nunca mostró predisposición, a los 30 días de iniciar el bloqueo escalado de las rutas del país exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, la Central Obrera Boliviana logró dejar sin efecto la orden de aprehensión de los autores públicos intelectuales de los delitos presuntos de instigación pública a delinquir, terrorismo y otros, Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, Vicente Salazar, de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari.
Tras haber aceptado la denuncia del Ministerio de Gobierno, la Fiscalía no anuló las resoluciones emitidas el 17 de mayo con el pedido de búsqueda de los investigados: fue la justicia la que consideró dejarlas sin efecto temporal hasta que el Ministerio Público subsane las observaciones.
El aplazo de lo que ocurre va por cuenta también de esa masa amorfa en que se ha convertido el primer poder del Estado, el Órgano Legislativo, donde ambas Cámaras no han tenido un solo logro unánime para desmontar el aparato sistemático del MAS enquistado en estructuras estatales y normativa por abrogar sin mayor trámite, ni qué decir de pronunciarse institucionalmente en respaldo a la democracia que les permitió sentarse en sus curules. El diputado reelecto, Carlos Alarcón, ex viceministro de Justicia de otro gobierno asediado como el del expresidente Carlos D. Mesa, propuso solitariamente la inconstitucional idea de adelantar un proceso revocatorio, como si la salida factible fuera regalarles a 20.000 violentos la democracia que recuperamos con millones de votos, reconocerles igualdad de fuerza, de razón y de representación que al gobierno constitucionalmente electo y en funciones.
No hay empate catastrófico. Hay dos poderes del Estado, a los que la mayoría observa impasibles, indolentes, pusilánimes y a quienes los entendidos en asuntos de gestión gubernamental, denuncian como presas de las mediciones de grupos focales y de la estrategia del desgaste, perdidos en teorías de azotea.
Los más experimentados murmuran que parecen no ver venir la creciente ola de la decepción y la bronca de los mansos, hastiados de que su voto no sirva para cambiar nada y que, encima, aparte del drama nacional de los combustibles, deban ser una vez más hacer otras filas para ser solidarios y enviar encomiendas a las víctimas del cerco brutal, mientras les impiden trabajar, trasladarse con libertad, acceder a atención de salud pronta y oportuna, tener una vida de convivencia pacífica, aquella que es génesis y razón de la existencia del Estado.
Los afines al MAS justifican la violencia sindical como la respuesta a la supuesta traición de Rodrigo Paz Pereira al pacto electoral que implícitamente acordó con las bases populares de la COB, del masismo. Esa interpretación se presta al relato de que el MAS nunca dejó el poder y que el presidente es rehén de sus compromisos. Sin embargo, Bolivia eligió gobierno hace siete meses a través de las vías constitucionales: las elecciones generales y el balotaje. La mayoría votó por un cambio democrático y un gobierno de cinco años haciendo lo que debía para lograrlo.
Al momento, siete meses después los grandes cambios han quedado en anuncios. Rodrigo Paz prometió cerrar la Aduana, cerrar las empresas públicas deficitarias, concluir su gestión con una descentralización de recursos y responsabilidades a mitades con las autonomías (municipales, departamentales, indígenas, universitarias), capitalismo para todos (los pequeños cuentapropistas) y tantas políticas inscritas en su programa electoral. Es un gobierno sin alianzas con otros partidos políticos y ha elegido -en las pocas decisiones que mantuvo sin abrogar-, la vía del decreto para gobernar. Semanas atrás, en un gran encuentro nacional en Cochabamba con autoridades electas, designadas e invitados de diversos sectores, anunció 10 leyes estructurales: Ninguna ha llegado a la Asamblea Legislativa ni ha sido difundida para su análisis. En el exterior, la imagen del país decae a la par de la economía interna, la decepción, la tristeza y la angustia de las poblaciones bloqueadas y la ciudadanía expectante de un orden y un cambio que no llegó.
La sensación en los corrillos políticos es que si sale de esta encrucijada, maltrecho y con la confianza popular por los suelos, a Rodrigo Paz Pereira le aguarda una gestión mucho más complicada de cuando asumió el 8 de noviembre. Los violentos lo tienen medido y la sensación de desgobierno es creciente. En Santa Cruz, cientos de repartidores de la empresa privada se han unido contra el crimen por inacción policial frente al delito; en Potosí, pobladores quemaron vivos a presuntos ladrones; en el Chapare, aparecen cadáveres descabezados; en Sacaba, pancartas cobran al pedófilo una promesa desconocida con firma del PCC brasileño; en El Alto los bloqueadores la emprendieron a piedrazos contra una ambulancia…
Esta noche el anunciado cambio de gabinete, que una semana atrás sólo se cumplió en la cartera de Trabajo, produjo dos renuncias más: Marcelo Salinas, en Defensa, y Beatriz García, en Educación.
La mayoría en Bolivia, gente de bien, que vive de su trabajo, observa atónita y desanimada cómo el Estado no la sirve pero paga cada fin de mes el sueldo de los que juraron protegerla y defenderla. Devolver el 50% de la planilla de ministros y presidente como anunció el 25 de mayo en Sucre Rodrigo Paz, no solo fue insuficiente para el sufrimiento de tantos y no lo aplaudió nadie; al contrario, muchos se preguntan si deberían siquiera cobrar como servidores públicos cuando el deber los llama a poner orden en medio de tanto abuso y no parecen escucharlo.
Por Gabriela Ichaso Elcuaz.
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