La democracia asfixiada

Un grupo de estudiantes salta torniquetes en Santiago y paraliza el metro de la ciudad. Unos piqueteros bloquean la principal avenida central en Buenos Aires con neumáticos incendiados. Comunidades enteras cortan carreteras en Bolivia y convierten al país en un archipiélago incomunicado o una muchedumbre de comerciantes ambulantes cortan calles y disponen la dinámica de un espacio que les pertenece a todos. En América Latina el caos ha dejado de ser excepción para transformarse en pan de cada día. Nuestro padecer la realidad cotidiana en el subcontinente da para pensar que cuando el desorden se normaliza, la democracia comienza a agrietarse.

Durante décadas, la región ha dado su mejor esfuerzo por dejar atrás dictaduras y autoritarismo. Las elecciones periódicas, la libertad de expresión y la ampliación de derechos aparecen como pruebas irrefutables de progreso. Las democracias se consolidaban en el papel, sin embargo, la erosión del espacio común comenzó a corroerlas. Porque votar no es suficiente. La democracia es, ante todo, un acuerdo para que millones de personas con intereses distintos puedan compartir la ciudad sin destruirla. Quizás no elimina el conflicto, pero lo domestica. Lo encierra en instituciones que impiden que se transforme en una guerra permanente.

Cada sector social parece convencido de que interrumpir la vida colectiva es una especie de fe de vida. La protesta dejó de ser un recurso excepcional. Cortar calles, bloquear rutas, ocupar plazas, se volvieron mecanismos normales de presión. Y, detrás de esa normalización, late la desconfianza hacia la autoridad. El Estado se ve como un actor débil que sólo responde a quien grita más fuerte.

En Chile, los estudiantes secundarios adquirieron un aura épica. Se les presenta como portadores de una legitimidad moral superior. Pero cuando la interrupción permanente de la vida urbana se convierte en derecho incuestionable, la ciudad deja de pertenecer a todos y pasa a estar bajo dominio de quienes tienen más capacidad de presión. El estallido social de 2019, con sus incendios, destrucción de estaciones de metro y saqueos, lo mostró con crudeza. Como si el deterioro del espacio público fuese un mal menor frente a la legitimidad de las demandas.

En Argentina, el piquete nació como una herramienta desesperada de los excluidos. Pero con el tiempo dejó de ser medida extrema y se institucionalizó como rutina política. Cortar una calle ya no es parte de un gesto extremo, es simple trámite. Lo que genera una contradicción, pues el derecho a manifestarse anula sistemáticamente el derecho de otros a circular, trabajar o simplemente vivir con normalidad. La democracia se desequilibra.

En Bolivia cada ruta cortada es una demostración de poder y, al mismo tiempo, un recordatorio de la fragilidad estatal. Durante años, sindicatos y movimientos sociales aprendieron que quien más paraliza obtiene más influencia. El país detenido por sus propias fracturas, metáfora de una democracia que se pierde en un laberinto.

El comercio ambulante, fenómeno global, ofrece otra cara del mismo problema. En muchas capitales, caminar por el centro es atravesar un bazar improvisado que ocupa veredas y plazas. No se trata sólo de pobreza, sino una expresión de un cambio cultural respecto a lo público. La calle ya no es espacio compartido regulado por normas comunes, sino territorio disponible para la supervivencia individual. El bien común se disuelve en la lógica de la necesidad inmediata.

Toda democracia necesita algo más que elecciones. Necesita ciudadanos capaces de aceptar límites, incluso cuando esos límites afectan sus intereses. Requiere disposición colectiva a preservar lo que pertenece a todos. Sin esa disposición, la política se degrada, convirtiéndose en una competencia permanente de presiones sectoriales. El gran drama latinoamericano, quizá más que la desigualdad, sea la erosión de la legitimidad de la autoridad democrática. El ciudadano percibe al Estado como un actor débil que sucumbe ante el chantaje.

La democracia nació para reemplazar la fuerza por la deliberación, la violencia por la ley, la imposición por el acuerdo. Cuando las instituciones pierden autoridad moral, la calle se convierte en escenario principal de negociación. Sin embargo, un espacio común tomado por intereses fragmentados le deja poco rango de acción a la democracia.

El problema para América Latina es cómo construir una cultura política que recuerde que la libertad también depende de ciertos límites. Porque una sociedad donde todos luchan únicamente por sus propias demandas termina convirtiéndose, tarde o temprano, en una sociedad incapaz de convivir consigo misma. Y entonces, la democracia deja de ser un pacto y se convierte en un ring. Un espacio donde, a pesar de los triunfos efímeros, todos terminan perdiendo.

Por Mauricio Jaime Goio.

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