Las diferencias de rendimiento de estudiantes en el colegio, a la luz del sentido común, nos parece que obedecen a una diferencia de habilidad o de esfuerzo. A fin de cuentas, variables de orden personal. Sin embargo, si se observa el problema con mayor detenimiento, descubrimos que obedecen a un mecanismo más profundo. Fundamentalmente al manejo del lenguaje, el cual no es un instrumento neutral, sino que actúa como un filtro que organiza el pensamiento y condiciona las oportunidades educativas desde etapas muy temprana.
El sustrato de estas diferencias obedece a una estructura social que distribuye de manera desigual los recursos lingüísticos. No se trata únicamente de cuántas palabras conoce un estudiante, sino de cómo esas palabras permiten o impiden construir argumentaciones o explicar e interpretar procesos complejos. No nos debería parecer sorprendente la afirmación de que las familias transmiten formas específicas de hablar, razonar y organizar la experiencia.
Este fenómeno tiene consecuencias directas en el ámbito escolar. La escuela no es un espacio neutral de igualdad de oportunidades, pues opera sobre la base de un lenguaje que ya presupone ciertas competencias previas. Así, aquellos estudiantes que han crecido en entornos ricos en interacciones verbales complejas llegan con ventaja, mientras que otros comienzan su trayectoria académica varios peldaños más abajo.
Pero eso no es todo, pues el problema no se limita al acceso desigual al lenguaje. Existe además un componente simbólico que refuerza estas diferencias. El lenguaje escolar, que resulta abstracto y orientado a la argumentación, funciona como un estándar cultural que legitima ciertos modos de expresión y desvaloriza otros. De este modo, lo que en apariencia se presenta como mérito individual, termina ocultando una desigualdad en el bagaje lingüístico.
El lenguaje, visto desde esta perspectiva, termina operando como herramienta de exclusión. El uso de estereotipos, por ejemplo, simplifica la realidad social y asigna características fijas a determinados grupos, consolidando prejuicios difíciles de desmontar. Se trata de estructuras mentales que, una vez instaladas, condicionan tanto la percepción como la acción, afectando de forma directa las oportunidades educativas, laborales y sociales.
En el ámbito educativo, esta dinámica se traduce en lo que algunos especialistas denominan “teorías de déficit”. Según esta lógica, las dificultades de ciertos estudiantes se explican a partir de carencias culturales, sociales o lingüísticas propias de su entorno. Sin embargo, esta interpretación desplaza la responsabilidad hacia el individuo y oculta el papel que las instituciones desempeñan en la reproducción de la desigualdad. No nos podemos quedar en reconocer las diferencias, sino que debemos cuestionar la forma en que son interpretadas. No se trata de que algunos estudiantes “hablen peor” que otros, sino de que dominan códigos distintos en un sistema que privilegia a unos sobre otros.
Ante este panorama, la escuela se enfrenta el desafío de dejar de suponer que el lenguaje es un conocimiento previo y empezar a enseñarlo de forma explícita. Esto implica redefinir el papel de la educación. Más allá de transmitir conocimientos, la escuela debe convertirse en un espacio donde se construya capital lingüístico. Así el lenguaje puede dejar de ser una barrera para transformarse en una herramienta de inclusión.
En última instancia, nos enfrentamos a una cuestión que es tanto política como cultural. Legítimamente nos podemos preguntar sobre qué formas de hablar consideramos legítimas o qué tipos de conocimiento valoramos o qué papel asignamos a la escuela en la construcción de una sociedad más equitativa. Responder a estas preguntas implica reconocer que la desigualdad no comienza en el aula, pero sí puede perpetuarse en ella. El lenguaje, con todas sus complejidades, es una de las herramientas más poderosas para cambiar esa realidad.
Por Mauricio Jaime Goio.
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