La Fundación Milenio acaba de publicar el informe de investigación de los sociólogos bolivianos Henry Oporto y Ricardo Calla sobre la economía política de los mercados ilícitos en Bolivia, el cual plantea una advertencia crucial: durante las últimas dos décadas, el país habría transitado de ser un productor tradicional de hoja de coca a convertirse en un nodo estratégico de las redes globales del narcotráfico, con crecientes conexiones entre economías ilegales, corrupción institucional y criminalidad transnacional.
El estudio «Bolivia: La economía política de los mercados ilícitos y la criminalidad transnacional: Zonas de penumbra y vulnerabilidad del Estado», elaborado en el marco del proyecto internacional “Redes en la sombra”(1), sostiene que la transformación del negocio de la cocaína en Bolivia responde a una combinación de factores políticos, económicos y territoriales.
Según el documento, la producción de coca y cocaína evolucionó desde estructuras relativamente locales hacia complejas cadenas de suministro vinculadas con organizaciones criminales de Brasil, México, Europa y otros mercados internacionales.
Señala que el narcotráfico boliviano ya no opera bajo el esquema clásico de grandes cárteles jerárquicos. En su lugar, predominan clanes familiares y redes flexibles que administran la producción, la logística y el transporte de droga, mientras organizaciones extranjeras facilitan la distribución internacional. Esta modalidad habría convertido a Bolivia en un punto clave para el abastecimiento de mercados en América, Europa e incluso la región Asia-Pacífico.
«El negocio de narcóticos en el país está dominado por clanes familiares extendidos que operan como minicárteles. En 2025, las autoridades admitieron la presencia de al menos 17 clanes en el territorio nacional. Según la ONUDD, son grupos que priorizan mantener un flujo constante de productos y evadir los controles estatales mediante la cooperación con otros actores a lo largo de la cadena de suministro. Las tareas se muestran divididas: una red familiar podría gestionar el transporte transfronterizo, otra las casas de seguridad y el almacenamiento, y otra el lavado de dinero, formando así parte de una colaboración transnacional más amplia en lugar de un solo cártel jerárquico. Este modelo descentralizado pero interconectado ha permitido a los clanes bolivianos integrarse en los circuitos globales del narcotráfico, que gestionan la exportación de drogas más allá de Sudamérica», cita el informe.
Uno de los aspectos más relevantes es la descripción del cambio experimentado por la industria de la droga en los últimos veinte años. De acuerdo con los investigadores, el país dejó de ser principalmente un proveedor de hoja de coca y pasta base para consolidar capacidades propias de refinación y exportación de cocaína, favorecido por una geografía estratégica, extensas fronteras porosas y una limitada capacidad estatal de control.
El análisis también examina la política de control social de los cultivos de coca implementada desde 2006. Aunque reconoce que este modelo logró reducir los niveles de confrontación violenta asociados a la erradicación forzosa, advierte que coexistió con el crecimiento de circuitos ilegales que habrían alimentado la expansión de la producción de cocaína y la instalación de laboratorios de procesamiento a escala industrial.
El fenómeno descrito no se limita al narcotráfico, sino que identifica a la minería ilegal, especialmente la explotación aurífera en la Amazonía boliviana, como la nueva frontera de las economías ilícitas. Según los autores, esta actividad moviliza miles de millones de dólares al año y presenta vínculos cada vez más estrechos con el lavado de dinero, el contrabando, la trata de personas y las organizaciones criminales transnacionales.
Se destaca la participación de actores extranjeros en el negocio del oro, particularmente grupos vinculados a intereses económicos chinos, brasileños, colombianos y peruanos «entre otros, que engrosan las poblaciones de bolivianos, muchos de estos últimos agrupados en cooperativas mineras o bien dedicados a ocupaciones ligadas con la minería». Asimismo, alerta sobre el crecimiento de campamentos mineros informales donde convergen actividades ilícitas, conflictos territoriales y mecanismos de corrupción que debilitan la capacidad reguladora del Estado.
Otro de los hallazgos centrales se refiere a la infiltración de redes criminales en instituciones públicas. El informe menciona denuncias e investigaciones relacionadas con miembros de la Policía, operadores judiciales y funcionarios públicos presuntamente vinculados a actividades de narcotráfico o protección de estructuras ilegales, generando un entorno de impunidad que dificulta la acción estatal.
Los autores sostienen que Bolivia enfrenta actualmente una convergencia de amenazas que combinan criminalidad organizada, debilidad institucional y presiones geopolíticas. En ese contexto, advierten que la defensa de la soberanía nacional no puede desligarse de la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para combatir delitos que operan más allá de las fronteras.
Como parte de sus conclusiones, el estudio propone una estrategia integral basada en la reforma policial, el fortalecimiento de la justicia, la cooperación internacional, el control de cultivos excedentarios de coca y una intervención más firme frente a la minería ilegal. A juicio de los investigadores, el desafío no consiste únicamente en combatir el narcotráfico, sino en recuperar la capacidad del Estado para enfrentar estructuras económicas ilícitas que han logrado insertarse en sectores clave de la vida nacional.
La advertencia final es contundente: mientras las economías ilegales continúen encontrando espacios de tolerancia, corrupción o debilidad institucional, Bolivia seguirá ocupando una posición estratégica dentro de la geopolítica global de las drogas, el oro ilegal y la criminalidad transnacional.
(1) Redes en la sombra. Crimen Organizado Transatlántico y la Influencia Autoritaria en América Latina, conducido por la fundación europea Centro para el Estudio de la Democracia (CSD) con la colaboración de varios centros de pensamiento de Latinoamérica.
Por Gabriela Ichaso Elcuaz.
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