Después de tres semanas de conflictos sociales y políticos, y analizando las zonas de cada punto de bloqueo, se revela que detrás de las demandas sociales hay una superposición de economías legales, informales e ilegales que disputan el control del territorio boliviano.
El mapa de transitabilidad de la ABC difundido durante los recientes conflictos muestra decenas de puntos rojos atravesando el país. A primera vista parecen simples bloqueos sociales. Pero observados con detenimiento pueden revelar algo mucho más profundo: una nueva cartografía del poder en Bolivia.
Los puntos críticos no aparecen al azar. Muchos coinciden con corredores históricos de circulación de mercancías, zonas extractivas, territorios de economías informales y rutas donde confluyen narcotráfico, contrabando, minería aurífera y estructuras corporativas locales. El conflicto boliviano dejó hace tiempo de ser únicamente una disputa ideológica entre izquierda y derecha o entre movimientos sociales y Estado. Hoy expresa también una competencia territorial entre múltiples economías que buscan controlar rutas, rentas y capacidad de presión política.
La vieja narrativa de lo nacional-popular resulta insuficiente para explicar esta realidad. Durante décadas Bolivia interpretó sus crisis desde sujetos sociales más definidos, obreros, campesinos e indígenas contra burguesías y élites que controlaban históricamente el aparato estatal.
Pero el país cambió profundamente. El debilitamiento del trabajo asalariado formal, la expansión de economías informales, el auge del extractivismo y la creciente penetración de capitales ilegales transformaron el mapa social y territorial. En ese nuevo escenario, conviven una mayoría de trabajadores asalariados y semiasalariados informales con una diversidad de pequeños y grandes propietarios que siguen agremiándose como trabajadores y/o campesinos.
Asimismo, las economías legales, informales e ilegales dejaron de estar separadas, más bien se superponen y se retroalimentan y los territorios (departamentos, ciudades y comunidades) van definiendo su perfil socioeconómico, sus protagonistas y el poder para imponer sus intereses.
El Chapare: control territorial y economía excedentaria
El Chapare tiene una estructura sindical sólida, un territorio de fuerte identidad política y una economía agrícola compleja donde conviven pequeños productores, transportistas, comerciantes y circuitos excedentarios de coca. La capacidad de bloqueo y movilización no surge únicamente de la ideología o la organización sindical, sino del control territorial y logístico construido durante décadas.
Allí, el Estado no ejerce autoridad absoluta: negocia permanentemente con poderes locales consolidados.
Norte de Potosí: de Siglo XX a “México Chico”
La situación de Llallagua, Siglo XX y las zonas vinculadas a ayllus como Qaqachacas y Laymes tiene una enorme carga simbólica. Fueron territorios históricos del sindicalismo minero, de las luchas obreras y de la memoria revolucionaria boliviana. Hoy aparecen crecientemente asociados en el imaginario nacional a violencia, economías ilegales y control territorial fragmentado.
Las recientes referencias oficiales y mediáticas a “México Chico” marcaron un punto de inflexión. Denuncias sobre viveros de marihuana, laboratorios de cocaína, vehículos ilegales y grupos armados improvisados comenzaron a circular alrededor de Llallagua y zonas cercanas.
Más allá de posibles exageraciones mediáticas, lo significativo es que el propio Estado empezó a reconocer públicamente confluencia de estructuras comunitarias fuertes, economías ilegales, control territorial autónomo y capacidad coercitiva local.
La transformación es profunda. Siglo XX simbolizaba la centralidad del trabajo minero organizado. “México Chico” simboliza la fragmentación territorial posterior al colapso del empleo formal desde la relocalización y al abandono estatal.
Los ayllus del norte de Potosí poseen una larga tradición de autodefensa y organización territorial. Pero en ausencia de un horizonte económico nacional integrador, parte de esas estructuras quedó atravesada por nuevas economías altamente rentables y escasamente reguladas. El resultado es una combinación explosiva entre memoria comunitaria, crisis económica y circuitos ilegales transnacionales.
Charazani y el norte paceño: el corredor del oro y la cocaína
La región de Charazani y el norte de La Paz revela otra dimensión de esta geografía invisible. Allí convergen minería aurífera, comercio informal, circulación transfronteriza y rutas asociadas al oro ilegal, mercurio y cocaína.
Municipios conectados con Guanay, Tipuani, Teoponte o Apolo forman parte de corredores amazónicos con ausencia histórica del Estado. La expansión del precio internacional del oro multiplicó las economías extractivas informales y fortaleció cooperativas mineras con enorme capacidad política.
En estos territorios los componentes de una misma familia pueden participar simultáneamente en agricultura, minería, transporte, comercio informal y circuitos ilegales. La frontera entre economía popular y acumulación ilícita se vuelve cada vez más difusa.
Patacamaya y Challapata: el poder de las carreteras
Patacamaya y Challapata representan quizá la dimensión más estratégica del problema por el control logístico del país. Patacamaya conecta La Paz con Oruro, Chile y el eje central, y Challapata articula corredores hacia Potosí y las fronteras del Pacífico.
Ambas zonas aparecen recurrentemente en noticias sobre contrabando, vehículos indocumentados, tráfico de cocaína y circulación irregular de combustibles.
Pero lo central no es únicamente la ilegalidad. Lo central es que allí confluyen el transporte sindicalizado, el comercio informal y el contrabando, con redes clandestinas.
Cuando Patacamaya o Challapata se bloquean, Bolivia literalmente se fractura territorialmente. La carretera deja de ser un simple espacio de tránsito y se convierte en el principal instrumento de poder político y económico. Controlar un corredor significa controlar abastecimiento, exportaciones, importaciones, combustibles y presión nacional sobre el gobierno.
Por eso los actuales bloqueos, tienen un impacto tan devastador, no solo expresan demandas sociales, sino disputas por control territorial y preservación de rentas económicas.
El Alto: la capital de la economía informal
Si el Chapare expresa el poder territorial cocalero y el norte de Potosí la fragmentación postrelocalizacion, El Alto representa la consolidación urbana de las diversas formas de economía en Bolivia.
La ciudad ya no puede entenderse únicamente como símbolo de rebelión popular o bastión histórico de las movilizaciones indígenas y vecinales. Sigue siendo todo eso, pero además, en uno de los mayores centros logísticos y comerciales informales de América del Sur.
En El Alto convergen el comercio, el contrabando, el transporte sindicalizado, las ferias gigantescas con la circulación regional de mercancías y redes financieras informales, con una creciente economía dolarizada paralela.
La Feria 16 de Julio simboliza esa mutación. Lo que comenzó como mercado popular terminó convirtiéndose en una gigantesca plataforma económica donde conviven pequeños comerciantes, importadores medianos, tecnología de contrabando, autopartes, mercancías chinas, vehículos indocumentados y circuitos comerciales que conectan Bolivia con puertos chilenos, con Perú, Paraguay y Brasil. La ciudad funciona así como un verdadero “puerto seco” informal del país.
Por eso su papel político es tan decisivo. La ciudad posee enorme capacidad de paralizar Bolivia, controla accesos a La Paz, influye sobre el abastecimiento, domina rutas logísticas y concentra organizaciones gremiales y de transporte con gran capacidad de movilización.
A diferencia del viejo sindicalismo minero, articulado alrededor del trabajo asalariado y proyectos ideológicos nacionales, gran parte de las nuevas organizaciones alteñas se estructuran alrededor de economías corporativas territoriales con alta diferenciación social en su interior, haciendo mucho más compleja la interpretación entre protesta y economía.
En El Alto la movilización no expresa únicamente demandas políticas. También protege circuitos económicos enteros amenazados por controles estatales, escasez de dólares, restricciones a importaciones o crisis de combustibles. Así la ciudad se convirtió en el espacio donde confluyen las contradicciones centrales de la sociedad boliviana, en un lugar clave de la cartografía del poder boliviano. Ya no es solo la ciudad rebelde de 2003. Es también uno de los principales centros de acumulación económica informal y de presión territorial y política del país.
El agotamiento del modelo
Durante el ciclo de altos precios internacionales, el Estado boliviano logró administrar parcialmente estas tensiones mediante redistribución de renta, subsidios y expansión del gasto público. La abundancia y la permisividad, permitió el crecimiento y la coexistencia con múltiples economías paralelas sin confrontarlas directamente.
Pero la desaceleración económica, la escasez de divisas, la crisis política y el debilitamiento institucional redujeron la capacidad estatal de arbitraje. El resultado es una fragmentación creciente del poder territorial.
Bolivia ingresa lentamente en una etapa donde distintos actores ya no buscan únicamente representación política, sino dominio sobre corredores logísticos, economías regionales y territorios estratégicos.
Ese es quizá el dato más inquietante de la coyuntura actual: el Estado conserva legitimidad formal, pero pierde progresivamente el monopolio real sobre las rutas, las economías y los territorios.
Por Javier Gómez, economista. Fuente: RimayPampa.
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