Al día 51 del bloqueo en escalada del país, determinado por la Central Obrera Boliviana y otros grupos violentos, munidos de piedras, dinamita, hondas, palos, «miguelitos» y armas de fuego, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira finalmente declaró el «estado de excepción» en el territorio nacional, luego de firmar un acuerdo de impunidad con la organización sindical que provocó muerte, destrucción, pérdidas y daños incontables materiales e inmateriales.
Bajo el título de «Derechos humanos y garantías orgánicas», el gobierno se involucra en «gestionar la liberación de los detenidos», «no realizar persecución judicial» a «dirigentes y autoridades orgánicas», «no promover ninguna norma que criminalice la protesta». Ninguna de estas acciones es de su competencia sino de órganos independientes del Ejecutivo como el Judicial y el Legislativo.
En ninguna de las tres páginas del acuerdo, ni el gobierno ni la COB recuerdan que a Bolivia la rige la Constitución y que a todo delito corresponde una sanción. En ni una sola línea se menciona que se individualice y condene a los culpables, que se repare a las familias de los fallecidos y que se establezca el resarcimiento a los millones de afectados.
Bajo el título de «Transparencia, fiscalización e investigación soberana», acuerdan comisiones especiales por las narcomaletas y la narcomadera pero ni una sola línea sobre la zona liberada del Chapare y la aprehensión y comparecencia ante la justicia del expresidente pedófilo.
El acuerdo en torno a la «Canasta familiar» es casi de humor negro. Literalmente «el gobierno nacional impulsará medidas urgentes para proteger la canasta familiar, fortalecer la producción nacional, mejorar el abastecimiento de productos esenciales para enfrentar la especulación, cuidar el salario real y preservar el empleo». ¡50 días con el país impedido de trabajar, con millones de productos perecederos tirados por podredumbre en los caminos, miles de productores regalando entre lágrimas el fruto de su esfuerzo antes de que se eche a perder, familias sometidas a la escasez como en tiempo de guerra y al encarecimiento y el desabastecimiento a niveles dramáticos!
La inacción oportuna del gobierno, al inicio de un conflicto que subestimó y que dejó crecer a la espera del cansancio de los bloqueadores, ha costado 24 víctimas fatales por directa acción criminal de los violentos: niños y mujeres fallecidos por falta de atención médica, dos oficiales y dos civiles ahogados en afán de hacer llegar ayuda a personas sin ayuda, choferes secuestrados en las filas interminables de carreteras y caminos sin posibilidad de escape… La imagen de aquella ambulancia apedreada por los grupos de choque atrincherados en El Alto… ¿De terror? Si, de terror.
¿Será que 50 días fueron suficientes para que el gobierno entendiera que ningún bloqueo se debió permitir desde el minuto uno porque había 12 millones de personas cuyas vidas se pusieron en riesgo por la decisión delincuencial de impedirles el paso, la atención médica, el acceso a sus lugares de trabajo, de estudio, de encuentro familiar, de esparcimiento, de producción, de transporte, de la actividad diaria común y extraordinaria?
¿Había algo peor que la gasolina basura? ¡Sí, el estado general de indefensión de Bolivia entera frente al ataque mafioso de quienes el viernes se sentaron a la mesa de los gobernantes, encima a ser recompensados con arreglos espurios! Decidieron negociar el estado de excepción al día 51 a cambio de ponerse la soga al cuello de un plazo de 90 días otorgado por Mario Argollo, buscado y sindicado de terrorismo e instigación a la violencia y a delinquir por la Fiscalía General del Estado, quien firmó el acuerdo a sus anchas con la cláusula fatal de vencimiento.
Capitularon a cambio de impunidad para delincuentes. Nadie tiene la bola de cristal para decir estos son narcofinanciados o aquellos tienen demandas legítimas solo porque dejaron de bloquear después de 50 días. Todos los bloqueadores están cruzados por el financiamiento de origen dudoso mientras no demuestren lo contrario. Y en tanto no se individualice a los responsables de las muertes de 24 personas por acción de homicidas e inacción de los llamados por su función a protegerlas, los culpables terminan siendo ambas partes y nadie porque el silencio en torno a los hechos y sus consecuencias es doloroso e indignante.
Es inaceptable el costo. Como es inaceptable que una banda de impunes ponga plazo de 90 días a un gobierno y éste se someta al dictamen de una juntucha de delincuentes. Las cosas como son. Por su nombre.
Por Gabriela Ichaso Elcuaz.
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