2022 y 2026: Los muertos y quiénes hablan por ellos

En la crisis por el censo de 2022 en Santa Cruz hubo muertos. El primero fue J. P. Taborga Cuéllar, fallecido en medio de enfrentamientos en Puerto Quijarro. Es el único caso que puede atribuirse directamente a la crisis como tal: murió por violencia entre civiles, no por violencia policial.

En San Ignacio, el copiloto de un automóvil murió cuando el vehículo en el que viajaba chocó contra un camión estacionado o varado cerca de un punto de bloqueo. Según la prensa local, el conductor habría intentado pasar por el bloqueo; al negársele el paso, retornó a alta velocidad y colisionó. Se presume que estaba en estado de ebriedad.

Eduardo Arancibia Barrancos murió degollado o con una lesión cervical grave al impactar en motocicleta contra un cable coaxial tendido en un punto de bloqueo. Circulaba con familiares o acompañantes, buscando rutas alternativas por el paro. Quizá este sea el caso accidental más vinculado con las protestas: en alguna esquina, a vecinos cruceños les pareció buena idea tender un cable y no retirarlo durante la noche.

José Eduardo Sosa fue asesinado en un punto de bloqueo o vigilia. Las fuentes describen el ataque de un grupo armado con cuchillos. Recibió una herida mortal en el corazón y se reportó mutilación posterior. Su hermano u otro joven resultó gravemente herido. La prensa atribuye el hecho, presuntamente, a pandilleros; la Defensoría lo registra como un ataque a un punto de bloqueo. Este caso es especialmente delicado porque no remite a violencia de masas, sino a violencia criminal. Y, como tal, corre el riesgo de ser naturalizado bajo la categoría de los famosos “ajustes de cuentas”.

En total, son cuatro muertos. El primero es el único que ocurrió en un contexto de enfrentamiento entre protesta y contraprotesta. Es la única víctima del choque de masas. El segundo fue un accidente absurdo. El tercero también fue un accidente, pero, sobre todo, una negligencia inhumana, condenable moral y judicialmente. El cuarto sería producto, presuntamente, de relaciones de poder territorial entre pandillas previas a la crisis política.

Aun así, el gobierno de Arce, al menos en discurso, atribuyó la responsabilidad de esos fallecimientos a los líderes del entonces comité interinstitucional. Hoy, en la crisis política de 2026 en La Paz, ocurre algo similar, aunque con signo invertido. Antes, un detalle más sobre la crisis por el censo: la Defensoría registró que pacientes renales no fueron atendidos oportunamente en hemodiálisis, lo que produjo la muerte de cinco personas por impedimentos de traslado hacia hospitales.

Hoy, hasta los fallecimientos relacionados con la interrupción de atención médica también están siendo atribuidos al gobierno. Lo hace, por ejemplo, la misión de derechos humanos enviada desde Argentina, que aseguró que hubo ocho muertos como producto de la represión y de una masacre gubernamental. Pero no es cierto. A continuación dejo una tabla de los fallecidos y su contexto:

1. Anna Enns — 13 de mayo — Desaguadero — Sufrió una descompensación médica aguda cuando retornaba hacia Perú. En el contexto de carreteras obstruidas, no habría recibido traslado ni atención oportuna, por lo que su muerte se clasifica como indirecta, asociada a la interrupción de la transitabilidad y de la atención sanitaria.
2. Jhelly Villanueva Medina — 13/14 de mayo — ruta Guanay-La Paz / La Paz — Paciente renal crónica que requería atención urgente en La Paz. Debido al bloqueo de la ruta principal, la ambulancia debió tomar una vía alterna de alto riesgo —el antiguo Camino de la Muerte—, lo que retrasó el arribo y agravó la imposibilidad de atención médica oportuna.
3. Ana Gabriela Mayta Laruta — 14 de mayo — El Alto, Senkata — Presentó convulsiones severas en su domicilio, en un cuadro asociado a una enfermedad de base. La evacuación hacia un centro hospitalario de segundo o tercer nivel se habría visto obstaculizada por restricciones viales y bloqueos locales, lo que provocó una demora crítica en la atención.
4. Alberto Cruz Chinche — 16 de mayo — El Alto — Falleció en el marco de operativos, movilizaciones y conflictividad local. La causa precisa no quedó esclarecida de forma concluyente: el Gobierno descartó oficialmente muerte por arma letal o asfixia por gases, mientras que el caso quedó bajo controversia y pendiente de mayor determinación pericial.
5. Martha Villca Sosa — 21 de mayo — La Paz / Hospital del Norte — Caso disputado. Sectores movilizados atribuyeron el deceso a los efectos de gases lacrimógenos durante la protesta; autoridades sanitarias, en cambio, reportaron complicaciones médicas vinculadas a hipertensión y accidente vascular cerebral. Debe registrarse como fallecimiento controvertido en contexto de conflictividad, no como muerte causalmente cerrada.
6. Niño de 12 años no identificado — 21 de mayo — ruta Pocoata-Llallagua / norte de Potosí — Fue trasladado en ambulancia por una emergencia médica grave, pero el vehículo quedó demorado o impedido de avanzar por puntos de bloqueo. Falleció durante el trayecto, antes de acceder a atención de mayor complejidad. Su muerte debe clasificarse como indirecta, vinculada a la interrupción de la circulación sanitaria.
7. Víctor Cruz Quispe — 23 de mayo — Vilaque Copata, municipio de Calamarca — Falleció durante el operativo militar-policial denominado “Corredor Humanitario de Banderas Blancas”, organizado para habilitar temporalmente el paso de cisternas, oxígeno medicinal y transporte humanitario. Recibió un proyectil de arma de fuego en la región cervical; la autopsia consignó traumatismo cervical penetrante por proyectil. El caso fue abierto como investigación penal por homicidio y quedó sujeto a pericias balísticas.
8. Mujer de 24 años no identificada — 1 de junio — Oruro / traslado suspendido hacia La Paz — Paciente oncológica que requería traslado a La Paz para radioterapia. La interrupción sostenida de rutas impidió o suspendió su desplazamiento, por lo que su fallecimiento se clasifica como indirecto, asociado a la imposibilidad de continuidad terapéutica durante el bloqueo.
9. Rosmery R. — 1 de junio — tramo Cieneguillas-La Plazuela, Irupana — Falleció en el embarrancamiento de un camión que transportaba verduras. El vehículo circulaba por una ruta alterna y precaria utilizada para sortear los bloqueos de las vías principales. Su muerte se clasifica como indirecta, vinculada al uso forzado de desvíos inseguros durante la parálisis vial.
10. Justina A. — 1 de junio — tramo Cieneguillas-La Plazuela, Irupana — Víctima fatal del mismo siniestro vial en Irupana. Viajaba en el camión de carga que se despeñó mientras transitaba por una vía de desvío habilitada de hecho por la imposibilidad de circular normalmente por rutas principales bloqueadas.
11. Lucy T. — 1 de junio — tramo Cieneguillas-La Plazuela, Irupana — Tercera víctima del embarrancamiento del camión hortofrutícola en la ruta alterna de Irupana. Su fallecimiento se vincula al mismo patrón causal: tránsito obligado por caminos precarios debido a la obstrucción de rutas troncales y caminos principales.
12. Chofer del transporte pesado no identificado — 2 de junio — Autopista de La Paz / ruta afectada por bloqueos — Conductor que habría permanecido atrapado durante más de 25 días dentro de su camión, sin abandonar la unidad por temor al saqueo de su carga o mercadería. Sufrió una descompensación fatal en el contexto del varamiento prolongado. Su muerte se clasifica como indirecta, asociada al encierro logístico producido por los bloqueos.
13. Miriam, niña de 12 años — 2 de junio — Tambo Quemado / ruta hacia La Paz — Paciente oncológica pediátrica que debía trasladarse hacia La Paz para recibir quimioterapia. No pudo realizar el viaje por las restricciones viales y los puntos de bloqueo, por lo que su fallecimiento debe registrarse como indirecto, vinculado a la interrupción de tratamientos médicos continuos.
14. Cristina Mamani Herrera — 2/3 de junio — Senkata, El Alto — Presentó una afección vesicular aguda y fue evacuada hacia el Hospital Boliviano Holandés. La ambulancia o vehículo de traslado fue retenido aproximadamente una hora en un punto de bloqueo en Senkata, lo que habría retrasado la atención médica en un cuadro abdominal agudo.
15. Profesor rural no identificado — 3 de junio — Tapacarí, Cochabamba — Docente con enfermedad crónica preexistente que habría sufrido una descompensación cardíaca letal mientras caminaba largas distancias hacia su unidad educativa, ante la falta de transporte regular producida por los bloqueos. Es un caso indirecto, aunque causalmente más débil que los de ambulancias detenidas o tratamientos oncológicos interrumpidos, porque depende de la relación entre bloqueo, caminata forzada y enfermedad de base.
16. José Ruiz Díaz — 7 de junio — Sucre / retorno impedido hacia Monteagudo — Paciente con cáncer terminal que no pudo retornar a Monteagudo debido al cierre de vías en Chuquisaca. Su deceso se registra como indirecto: no se trata de una muerte por enfrentamiento ni por represión, sino de una muerte agravada por la imposibilidad de traslado en el tramo final de una enfermedad avanzada.
17. José Alberto Quintanilla Torrico — 9 de junio — desvío Oruro-Potosí — Chofer de transporte que tomó una ruta alterna arenosa para evitar los bloqueos. Al quedar atascado, intentó liberar su camión y fue aplastado por la estructura o por el propio vehículo; además, se reportó exposición al frío e hipotermia. Su muerte se clasifica como indirecta, vinculada al uso obligado de desvíos inseguros.
18. Rolando Medardo Flores Arias — 10 de junio — Lago Titicaca, cercanías de Taraco / ruta Guaqui-Desaguadero — Suboficial de la Armada Boliviana fallecido por ahogamiento tras el naufragio de una embarcación naval. La lancha realizaba tareas de patrullaje, control de navegación y apoyo humanitario para personas afectadas por los cortes terrestres en la carretera Guaqui-Desaguadero. El siniestro fue atribuido a una fuerte tormenta de viento que desestabilizó la embarcación.
19. Miguel Ángel Iver Condori Mamani — 10 de junio — Lago Titicaca, cercanías de Taraco / ruta Guaqui-Desaguadero — Suboficial de la Armada Boliviana fallecido en el mismo naufragio. Integraba la misión naval de apoyo y transporte humanitario desplegada ante la imposibilidad de circulación terrestre regular. La causa inmediata del deceso fue ahogamiento por hundimiento de la embarcación durante condiciones climáticas adversas.
20. Civil no identificado — 10 de junio — Lago Titicaca, cercanías de Taraco / ruta Guaqui-Desaguadero — Falleció en el mismo naufragio de la embarcación de la Armada Boliviana que realizaba tareas de apoyo humanitario y traslado alternativo frente a los bloqueos terrestres.
21. Civil no identificado — 10 de junio — Lago Titicaca, cercanías de Taraco / ruta Guaqui-Desaguadero — Segunda víctima civil del naufragio ocurrido durante el operativo de apoyo lacustre a personas afectadas por los bloqueos.

De los casos identificados, solo los casos 4, 5 y 7 son sospechosos de formar parte de la represión estatal. Más aún, el único fallecimiento confirmado por proyectil de bala es el caso 6. Los dos restantes son controvertidos. Ese nivel de detalle, obviamente, no lo manejan los defensores de derechos humanos provenientes de Argentina, porque su agenda es política y su táctica es el victimismo.

Sin embargo, en la crisis política actual hay más fallecidos por efecto de los bloqueos que por acción directa del gobierno. Quizá de allí provenga la deslegitimación generalizada en las ciudades frente a la medida impulsada por la COB y la Tupac Katari, que efectivamente cercó La Paz, más allá de que el evismo también intentó cercar Cochabamba y Santa Cruz, aunque sin éxito, produciendo incluso mayor rechazo ciudadano.

Por P. A. F. Jiménez, comunicador.

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