Desde siempre hemos concebido la corrupción como un vicio atribuible exclusivamente al sector público. En esa ficción, el corrupto parece ocupar siempre una oficina estatal. El empresario, en cambio, aparece como alguien que hace negocios, impoluto, aunque, a veces, para conseguir sus logros deba pagar, ocultar información o manipular las reglas.
En china el caso Evergrande pone a prueba esta intuición. La condena a cadena perpetua de Xu Jiayin, fundador de la gigantesca inmobiliaria china, puede resultar inesperado o desproporcionado desde la óptica de occidente. La justicia lo declaró culpable de falsificación de información financiera, emisión fraudulenta de acciones, sobornos y desfalco. También determinó que Evergrande y su fundador obtuvieron el control de entidades financieras mediante sobornos y desviaron ilegalmente fondos crediticios y de seguros.
Lo interesante, desde una perspectiva cultural, es la conclusión de que la corrupción privada no es un problema menor, solamente porque el dinero no provenga directamente del presupuesto estatal. Una empresa puede apropiarse de recursos de accionistas, engañar a inversionistas, manipular mercados, sobornar funcionarios, obtener créditos mediante información falsa y trasladar finalmente las pérdidas a una población crédula ignorante. En ese momento, el delito privado deja de ser un asunto entre particulares y se transforma en un problema público.
La compañía acumuló pasivos cercanos a los 330.000 millones de dólares y su colapso afectó a la construcción, al mercado de viviendas, a los bancos, a los inversionistas y a numerosas empresas vinculadas al sector inmobiliario. En su momento llegó a convertirse en la mayor promotora inmobiliaria de China, dentro de un sector que representaba cerca de un tercio del PIB y constituía además una fuente fundamental de ingresos para los gobiernos locales.
Este caso nos lleva a cuestionarnos dónde termina lo privado y dónde comienza lo público. Una frontera cada vez más difícil de establecer. Las empresas necesitan bancos, regulaciones, permisos, infraestructura, tribunales, mercados financieros y consumidores. El Estado, a su vez, depende de empresas capaces de invertir, producir, construir y generar empleo. Entre ambos existe una red de relaciones que puede convertirse en cooperación legítima, pero también en connivencia. Allí aparece una de las formas más peligrosas de corrupción, aquella que no funciona como un acto aislado, sino como una cultura de relaciones.
En China la expansión del sector privado, la inversión extranjera y la descentralización económica generaron nuevas oportunidades para intercambiar poder por riqueza. La corrupción dejó de ser solamente el pequeño soborno entregado al funcionario y pasó a involucrar grandes operaciones entre empresarios y élites políticas.
Ya no se trata simplemente de pagar para acelerar un trámite. Se trata de ingresar a un círculo donde determinadas personas obtienen terrenos, créditos, permisos, contratos o información privilegiada porque poseen las relaciones adecuadas. Se trata de una red de relaciones personales y comerciales transformadas en un mecanismo fundamental para obtener beneficios y progresar profesionalmente.
La corrupción se vuelve más peligrosa pues deja de ser percibida como una transgresión y comienza a interpretarse como una forma normal de funcionamiento. El soborno deja entonces de ser delito para convertirse en una comisión, el favoritismo pasa a llamarse contacto y la información privilegiada en ventaja. Así como el empresario que compra voluntades se visualiza como un hombre hábil para los negocios, el funcionario que facilita la operación es considerado pragmático. La cultura produce una nomenclatura capaz de esconder el delito.
Por eso la corrupción privada debe ser considerada un delito de marca mayor, en cuanto altera las reglas sobre las cuales descansa una sociedad. Esto porque existen conductas corporativas capaces de destruir bienes colectivos, aunque el autor formal sea un particular. El fraude financiero, la manipulación contable, los sobornos corporativos y la apropiación ilícita de recursos pueden destruir la confianza que permite funcionar a los mercados.
Evergrande falsificó durante años información financiera para inflar artificialmente activos y ocultar pasivos. La empresa llegó a falsificar su información contable, afirmando poseer más de 78.000 millones de dólares en ingresos y unos 12.700 millones en beneficios. Esa manipulación no produjo solamente números falsos. Produjo una realidad falsa. Lo que es más inaceptable que indignante, pues una sociedad puede soportar muchos conflictos, pero difícilmente puede sostenerse cuando pierde la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo fabricado.
Cuando una empresa puede comprar ventajas para obtener recursos, el mercado deja de ser un espacio de competencia y se convierte en un territorio de privilegios. La consecuencia final es cultural, pues se instala en la sociedad la sensación de que cumplir las reglas es una desventaja. Este es el momento en que el Estado comienza a perder su legitimidad.
La verdadera lucha contra la corrupción, por tanto, no puede limitarse a perseguir funcionarios, debe mirar también hacia el sector privado, ya sean empresas, bancos, auditores, intermediarios y las redes privadas, en general, que hacen posible el intercambio corrupto. La corrupción no tiene un apellido determinado, puede ocupar tanto un escritorio público como la mesa de una corporación. Por eso quizás la mayor trampa de nuestro tiempo sea creer que la corrupción es solamente aquello que ocurre cuando alguien roba al Estado. También se manifiesta cuando alguien consigue que el Estado, y la sociedad en general, funcionen en beneficio de unos pocos.
Porque el Estado no se derrumba únicamente cuando sus funcionarios roban. También cuando quienes dominan la economía piensan que las reglas sólo se aplican para los otros.
Por Mauricio Jaime Goio.
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