En Bolivia Evo Morales permaneció en la Presidencia durante los 21 días que siguieron al fraude electoral del 20 de octubre de 2019, hasta su renuncia del 10 de noviembre; tiempo en el cual medió una ciudadanía movilizada, un país virtualmente en llamas, y el informe de la OEA que identificó las dolosas irregularidades que impedían validar los resultados.

En Paraguay, bastaron unas 48 horas desde el anuncio de la resolución de Ueno Bank, en medio de una grave crisis financiera que involucró a ahorristas y fondos previsionales, para que Santiago Peña presentara su renuncia. Paralelamente, Diputados aprobó la acusación para su juicio político por unanimidad de sus 78 miembros presentes.

Sin que el Congreso concluyera el tratamiento de la renuncia, el Senado sustanció sumariamente el juicio político, con intervención de los abogados defensores de Peña. Por unanimidad de los 44 senadores presentes, lo destituyó por «mal desempeño de sus funciones» y, acto seguido, tomó juramento al vicepresidente, también colorado, Pedro Alliana.

Inmediatamente después, Peña fue detenido, imputado y sometido a prisión preventiva.

¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en Bolivia la crisis fue tan dilatada, con mucho estrés constitucional, e incluso con una muy larga estela en el tiempo, mientras que en Paraguay el desenlace político fue muy veloz, e impecablemente constitucional?

Una explicación central reside en el Partido Colorado: una organización con 139 años de existencia, alrededor de 90 años acumulados de gobierno y 24 presidentes entre los 53 que ha tenido Paraguay desde 1844. Su fortaleza organizativa y capacidad de supervivencia política son extraordinarias. ¡Menudos récords!

Así, pese al presidencialismo, los «colorados» han demostrado una gran capacidad para sobrevivir más allá de los caudillos de turno: la continuidad del partido y su vocación de poder pueden primar incluso frente a la permanencia de uno de sus propios militantes en la Presidencia.

Existe también una diferencia constitucional decisiva: Paraguay admite el juicio político presidencial por mal desempeño, mientras Bolivia carece de un mecanismo equivalente de destitución política. Pero la norma, por sí sola, no explica la conducta de los partidos.

En Bolivia, por el contrario, los personalismos y disputas caudillistas han contribuido a debilitar y fracturar a partidos como el MNR, ADN, MIR y, más recientemente, el MAS. Aunque también han demostrado capacidad de supervivencia —el MAS recuperó el gobierno en 2020—, sus conflictos de liderazgo han comprometido la cohesión partidaria y, en distintos momentos, la estabilidad institucional.

Sin embargo, pese a los muchos vicios y cuestionamientos de la historia del Partido Colorado, destaca una cualidad política extraordinaria: su versatilidad para sacrificar a sus propios caudillos cuando dejan de representar una garantía para la continuidad, legitimidad o intereses de la organización, y adaptarse a las nuevas circunstancias políticas y sociales.

Así ocurrió, con sus diferencias históricas, en el derrocamiento de Alfredo Stroessner en 1989, la caída de Raúl Cubas en 1999 y, ahora, la destitución de Santiago Peña: en los tres casos, sectores de su propio partido desempeñaron un papel determinante sin que el coloradismo perdiera el poder.

Esta capacidad de preservar al partido por encima de sus dirigentes puede contribuir a la gobernabilidad y continuidad del Estado, sin confundir la fortaleza partidaria con la institucional, ni la preservación del poder con la calidad democrática.

Para Bolivia y otras democracias, la lección no es perpetuar un partido en el poder, sino construir organizaciones capaces de trascender a sus caudillos, procesar sus crisis y anteponer la gobernabilidad y la continuidad constitucional a los intereses personales.

Ese camino favorecerá al constitucionalismo, la democracia y, sobre todo, al legítimo clamor ciudadano por vivir en paz y mejor, sin que los mezquinos intereses y apetitos del caudillo de turno terminen por arrastrar a toda una nación al caos. ¡Que viva la Constitución y la Democracia!

Por José María Cabrera Dalence, abogado constitucionalista.

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