Antes de desarrollar la propuesta metodológica para transformar nuestra realidad, es imperativo establecer una precisión técnica en materia de urbanismo: la planificación tradicional ha muerto por ineficacia.
En las últimas décadas, el viejo concepto de gobierno vertical ha evolucionado hacia la gobernanza urbana. Este nuevo paradigma de gestión exige una vinculación directa entre legislación, urbanismo y vida local, siendo la única garantía real para que los habitantes ejerzan su derecho a la ciudadanía. Bajo este enfoque, la validez de los macroplanes directores y códigos abstractos quedó superada. El mundo adoptó el Proyecto Urbano como la herramienta idónea para intervenir la ciudad por fragmentos; para regenerar, rehabilitar y devolver habitabilidad a los espacios degradados, haciendo a las metrópolis económicamente competitivas y atractivas para la inversión privada.
La emblemática transformación de Barcelona (1980-1987), liderada por el urbanista Oriol Bohigas, sentó el precedente definitivo. A decir de Bohigas: «El proyecto urbano no es un diseño arquitectónico ni un plano teórico; define la forma y el contenido de un fragmento de ciudad, desde el espacio público hasta la arquitectura, fijando directrices tan precisas que desatan una sucesión de ejecuciones reales».
Lamentablemente, Santa Cruz de la Sierra sigue anclada en una visión tecnócrata y burocrática, administrada con códigos obsoletos que son incapaces de producir resultados tangibles.
¿Qué ciudad hemos producido los cruceños?
La Inteligencia Artificial (IA) suele repetir un axioma genérico: que la ciudad es el producto colectivo de los ciudadanos, el Estado y el capital privado. Sin embargo, a la IA se le escapa la excepcionalidad del modelo cruceño. En nuestra historia, el ciudadano, bajo la figura del socio cooperativista, fue el verdadero artífice y financista de sus servicios básicos, sustituyendo la histórica ausencia estatal.
La Santa Cruz de la Sierra que despertó la admiración continental gracias al Plan Techint y al exitoso sistema cooperativo, hoy adolece de todos los males urbanísticos imaginables. La ciudad se ha convertido en la receptora de una masiva migración de desocupados que llegan del interior del país con sus usos y costumbres y, al amparo de la permisividad institucional, ocupan aceras, calles, rotondas y plazas con el comercio informal. El resultado es un paisaje de miseria visual, insalubridad e incivilidad que destruye el bienestar colectivo y el medioambiente.
A la privatización ilegal del espacio público se suman la mendicidad, la contaminación acústica, el colapso vehicular, el deterioro del entorno construido y la acumulación crónica de basura. Esta crisis tiene una causa estructural: la anomia social, estimulada por una flagrante ausencia de autoridad municipal. El ciudadano —ya sea como peatón, conductor, constructor o comerciante— ha internalizado que violar la norma no tiene consecuencias jurídicas ni coercitivas.
El síntoma más perverso de esta debilidad institucional es el descontrol de la mancha urbana. En las últimas décadas, la ciudad viene sufriendo un proceso de loteamiento predatorio y especulativo que reduce el suelo a simple mercancía barata. Esta expansión infinita reproduce la precariedad en periferias cada vez más alejadas. Es un negocio redondo para los especuladores de la tierra, pero una hipoteca trágica para el futuro de la ciudad. El erario municipal termina asumiendo el altísimo costo de dotar de infraestructura a zonas inviables, consolidando un círculo vicioso de clientelismo político: obras precarias a cambio de votos.
Mientras la mancha urbana se expande de forma insostenible, las sucesivas administraciones municipales se han mostrado incapaces de gestionar la cotidianidad urbana más elemental: el transporte público masivo, la limpieza, el alumbrado, la semaforización y la prevención de incendios operan en condiciones de obsolescencia vergonzosa.
La acumulación de problemas no resueltos ya no admite más dilaciones. Es una demanda urgente que el Gobierno Municipal abandone el cortoplacismo y adopte los instrumentos técnico-jurídicos de la gobernanza y el derecho urbanístico moderno. Solo así podremos producir una ciudad de primer orden que refleje la identidad, los ideales y la dignidad del ciudadano cruceño.
¿Cuáles son las verdaderas herramientas para ejercer la gobernanza y la gestión municipal? El catastro urbano y el estatuto de la ciudad son el binomio esencial que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra necesita con urgencia para recuperar el control territorial, fortalecer su economía y sanear sus finanzas.
A pesar de que ambos instrumentos fueron concebidos en los años sesenta como fundamentales por el Plan Techint, la alcaldía de aquella época careció de la capacidad institucional para implementarlos y darles continuidad. Lo verdaderamente alarmante es que hoy, siendo Santa Cruz de la Sierra el incuestionable motor económico y demográfico de Bolivia, sigamos gestionando nuestro territorio con un modelo catastral obsoleto, ciego y anacrónico, heredado del siglo pasado.
Desde hace décadas, el concepto del catastro como un simple y frío recaudador de impuestos evolucionó hacia el moderno Catastro Multifinalitario. Esta herramienta clave de planificación registra y gestiona la riqueza inmobiliaria bajo principios de estricta integralidad y equidad: quien tiene más, tributa más; quien tiene menos, tributa menos. Es imperativo aclarar que el Catastro Multifinalitario no busca incrementar la carga impositiva al ciudadano honesto que ya paga; su propósito es aplicar justicia territorial. Se trata de identificar a los grandes evasores ocultos: galpones industriales, complejos comerciales y edificios corporativos de alta plusvalía que operan camuflados en el sistema como lotes baldíos o propiedades infravaloradas.
Para ejecutar esta transformación, el Gobierno Municipal debe dar un paso político fundamental: jerarquizar el Catastro. Siguiendo las directrices de organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización de los Estados Americanos (OEA), el catastro debe desvincularse de su rol subordinado y elevarse al rango de Secretaría Municipal. Al situarse al mismo nivel jerárquico que las carteras de Finanzas y Planificación, el catastro deja de responder a los intereses recaudatorios coyunturales de la primera o a las metas abstractas de diseño de la segunda. Se convierte, en cambio, en un proveedor de datos neutral y prioritario para todas las áreas críticas, incluyendo Medio Ambiente y Obras Públicas.
La primera función de un Catastro Multifinalitario moderno es ampliar el universo de recaudación mediante la tecnología, dinamitando la burocracia municipal. Debemos transitar del trámite físico, que tarda meses, a la certificación digital inmediata. Con la implementación de un Geoportal Multifinalitario, los certificados catastrales y las transferencias de inmuebles se procesarán de forma transparente mediante códigos QR. Eliminar el contacto físico discrecional entre el funcionario y el ciudadano es la única vía real para erradicar la microcorrupción de ventanilla. En síntesis, el Catastro Multifinalitario es un cerebro tecnológico integrador y un instrumento de profunda justicia social.
Dada la preocupante ausencia de una cultura del catastro en nuestra comunidad, y para garantizar que este proyecto sea inmune a los vaivenes políticos, se proponen dos estrategias ciudadanas de blindaje técnico:
- Cooperación Internacional de Alto Nivel: Gestionar el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). España posee uno de los sistemas catastrales más eficientes del planeta. Más allá del apoyo financiero, la AECID otorgaría un sello de garantía y transparencia internacional. Siendo imperativo crear una cultura del catastro inmobiliario debe solicitarse incluir programas de transferencia de conocimiento para capacitar a autoridades, colegios profesionales, empresarios, académicos y juntas vecinales. En una segunda fase, este acompañamiento guiará la toma de decisiones críticas para la implementación definitiva del sistema.
- Alianza Científica Universitaria: Crear un Comité Consultivo de Acompañamiento Técnico liderado por la carrera de Ingeniería en Agrimensura de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) que cuenta con los profesionales especializados en materia catastral. Este comité actuará como el asesor de confianza del Alcalde, validando bajo estrictos estándares científicos los procesos de medición, los sistemas de software y las metodologías de valoración masiva. Esta alianza permitirá que los mejores egresados realicen sus modalidades de graduación y trabajo de campo directamente en el proyecto, abaratando los costos operativos del municipio y asegurando que el catastro sea administrado por profesionales cruceños formados bajo principios éticos.
Sobre todo, por el firme compromiso institucional del Rector de la UAGRM, el Dr. Reinerio Vargas, cuya reconocida solvencia ética y altos valores cívicos garantizan que la universidad se convierta en el escudo técnico que Santa Cruz de la Sierra necesita. Es preciso estar advertidos: siendo el catastro la verdadera ‘gallina de los huevos de oro’ del municipio, deben tomarse todos los recaudos necesarios para asegurar la transparencia en el proceso de su construcción.
El vacío legal cruceño. El Plan Techint (1960) puso en evidencia la falta de una Carta Orgánica y un Estatuto de la Ciudad en la administración municipal. Sin embargo a lo largo de los 66 años transcurridos, las autoridades municipales no han logrado subsanar estas falencias, lo cual se traduce en una marcada debilidad institucional para hacer cumplir las normas urbanísticas. Es de lógica elemental que en un entorno donde el orden urbano carece de un marco normativo, con rango de ley local, que convierta las directrices técnicas en obligaciones ciudadanas exigibles, los planes y códigos terminan siendo meras expresiones de buenos deseos.
Corresponde aclarar que la Carta Orgánica y el Estatuto de la Ciudad son instrumentos legales diferentes. La primera es la norma institucional básica y ley suprema del municipio, cuya elaboración es responsabilidad del Concejo Municipal. El segundo es la herramienta legal estratégica que norma las políticas urbanas municipales para garantizar el cumplimiento del orden urbano, el desarrollo sostenible y la función social de la ciudad. En consecuencia no cabe dudas, que el Estatuto de la Ciudad es la solución legal sancionadora y de gestión que le falta al Gobierno Autónomo Municipal.
Para su elaboración se propone tener en cuenta tres aspectos fundamentales:
I. Control de la especulación y de la tierra vacante:
- Establecer multas progresivas en el tiempo que sancionen los terrenos vacantes, conocidos como ‘lotes de engorde’ para evitar la especulación inmobiliaria que encarece el suelo y dispersa la ciudad.
- Establecer plazos obligatorios para edificar: Al fijar un tiempo límite para construir –con sanciones por incumplimiento– se obliga al propietario a dinamizar el suelo urbano o a transferirlo, evitando que el entorno consolidado subsidie la plusvalía de un lote abandonado.
II. Financiamiento Urbano Sostenible
- Crear la figura legal de las Operaciones urbanas en consorcio, considerándose tales a los proyectos de mejoramiento urbano coordinados por el Gobierno Municipal, con la participación de los titulares catastrales de inmuebles e inversores privados. Esta figura es el motor que revivió áreas degradadas en ciudades como São Paulo. Permite que el Gobierno Municipal, propietarios y desarrolladores privados ejecuten macroproyectos compartiendo cargas y beneficios, sin que el municipio deba asumir todo el costo financiero.
- Contribución Especial por Mejoras: Normar la recuperación de la inversión municipal por la construcción de obras públicas que generen plusvalía en los inmuebles, a través de la figura de la contribución especial por mejoras urbanas. Es de estricta justicia social que si el dinero de todos los cruceños financia una obra pública –pavimento o construcción de aceras– que incrementa directamente el valor de los inmuebles colindantes, esta plusvalía debe retornar al municipio en cuotas a largo plazo para financiar más obras públicas.
III. Ornato, Estética y Coerción Real
- Definir que las fachadas de los inmuebles públicos y privados son parte del espacio público, estableciendo la obligatoriedad de mantener su estética, buen estado de conservación y las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.
- Establecer plazos obligatorios para terminar las obras de edificación conforme al proyecto aprobado, con multas progresivas por incumplimiento, con el fin de no dejar construcciones a medio hacer o sin completar las obras de acabado fino.
- Prohibir el tendido de ropa visible desde el exterior, así como otras actividades que den mal aspecto a la ciudad.
- Ejecución subsidiaria por desacato: Reglamentar el cumplimiento de las sanciones a las infracciones al orden urbanístico para que en caso de desacato, el Gobierno Municipal realice el trabajo exigido y el costo sea cargado al inmueble correspondiente para su debido cobro. Hoy en día, una multa no pagada duerme en el sistema. Si el Estatuto faculta al municipio a intervenir directamente (limpiar, pintar, demoler o consolidar) y cargar el costo a la deuda tributaria del inmueble, se rompe la impunidad por el riesgo de perder el inmueble por remate tributario.
En síntesis, el Catastro Inmobiliario y el Estatuto de la Ciudad son los dos instrumentos que requiere el Gobierno Municipal para fortalecer su capacidad de gobernanza, mejorar la economía del municipio y serán la llave para viabilizar Proyectos de Mejoramiento Urbano con la figura de ‘contribución especial por mejoras urbanas’ que permita la recuperación de la inversión pública que asegure el desarrollo sostenido y sostenible de la ciudad.
Por Ingrid Wichtendahl, arquitecta urbanista.
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