Ayer, miércoles 11 de noviembre, el Ministerio de Educación firmó con el magisterio rural, con la Defensoría del Pueblo como mediadora, la suspensión del anteproyecto que transfería a las gobernaciones la administración de los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos. No era la descentralización de la escuela. Era apenas su primer peldaño, y ni ese pudimos subir. El magisterio urbano, con nueve días de huelga de hambre, respondió que la suspensión no le basta: exige la anulación definitiva.
Ese mismo día, Radio Global Sucre difundía que la Defensoría de la Niñez contó doce niños de seis años flagelados por su maestra en el Primero C de la unidad educativa Th’ako Pampa, en Lajastambo. El motivo, según los propios niños: no hacer rápido la tarea. Las dos noticias no se tocaron en ninguna portada, y sin embargo son la misma.
Una entelequia con sede en La Paz
Llamamos «nivel central» a algo que nadie ha visto en un aula. No recibe al padre que denuncia, no conoce el nombre del niño, no sabe dónde queda la escuela. Es una entelequia: existe en la planilla, en el escalafón y en la mesa de negociación. Un solo empleador, una sola ventanilla, una sola plaza donde marchar: quien paraliza La Paz negocia el salario de todo el país. El centralismo educativo boliviano no es un modelo pedagógico; es un arma de negociación salarial.
El miedo del maestro es racional. Teme que su sueldo dependa de una gobernación quebrada, que el escalafón se parta en nueve, que la transferencia llegue sin presupuesto. Un gobierno serio responde con garantías escritas, no con descuentos. Pero una cosa es exigir garantías y otra exigir que el tema quede prohibido. Eso significa «anulación definitiva»: que la pregunta misma no pueda hacerse.
Lo que entregamos a cambio
Lo que me inquieta no es el sindicato, que defiende lo suyo. Es el resto: las gobernaciones que no reclamaron la competencia, y las regiones que llevamos veinte años pidiendo autonomía y, cuando se ofrece una porción real de ella —decidir qué técnicos forma el Chaco y para qué empleo—, miramos hacia otro lado. Estamos dispuestos a renunciar a un espacio verdadero de poder para conservar una abstracción.
El silencio como prueba
Por eso el caso de Th’ako Pampa importa más que cualquier cláusula. Miren quiénes llegaron a la escuela: un padre que denunció por radio, el director, la Defensoría municipal, la Dirección Distrital. Del nivel central y de las confederaciones no se conoció una palabra. La estructura que puede detener un país por un anteproyecto no encontró un párrafo para doce niños.
Y no es una anécdota disciplinaria: es un daño a la salud. La OMS concluyó en 2025 que el castigo corporal no aporta ningún beneficio y sí riesgos: dispara las hormonas del estrés y puede alterar la estructura y el funcionamiento del cerebro. En 49 países, los niños castigados tienen 24% menos probabilidades de un desarrollo adecuado. Un estudio de Harvard observó en niños golpeados una respuesta cerebral a la amenaza parecida a la del maltrato grave. Un niño en alerta no aprende a leer: aprende a temer. Después vienen la ansiedad, la depresión, la agresividad y el rezago.
Es, a la vez, un asunto de salud mental y un caso de mala práctica docente. El médico que daña responde ante una auditoría. ¿Ante qué responde la maestra? La Ley 548 prohíbe todo castigo físico, pero el reglamento con que se juzga a los maestros es de 1993. Nadie ha dicho qué atención recibirán estos niños ni dónde está el Ministerio de Salud. El protocolo existe desde 2019, delegado al director. La entelequia negocia salarios; no hace cumplir el oficio. La maestra merece un debido proceso; ellos merecían, al menos, una palabra.
Un sistema donde nadie responde ante la familia de un niño de primero no es «único, fiscal y gratuito»: es único, fiscal y ausente.
¿Quién defiende a los niños?
La pregunta no es qué perdemos si se descentraliza, sino ante quién responde hoy la escuela. Hay un segundo golpe, que no deja marca: el despojo. Esta es la generación del bono demográfico: más gente en edad de trabajar que personas a su cargo. La ventana se cierra hacia 2037, justo cuando estos niños de primero salgan bachilleres. Si llegan sin comprender lo que leen ni resolver un problema, nadie nos la devuelve. Cada paro y cada reforma suspendida se pagan con su tiempo.
¿Quién marchó por ellos? ¿Quién hizo huelga por doce niños de Lajastambo, o por los que terminan primaria sin entender lo que leen? Convoco a madres y padres, a gobernaciones y municipios, a universidades y a los maestros que enseñan sin golpear: defendamos a los niños del chicote y del despojo. La autonomía no se declama, se ejerce.
Un privilegio que solo se sostiene impidiendo el debate se convierte en veto, y una democracia gobernada por vetos se apaga de suspensión en suspensión. El miedo a perder es humano. Gobernarnos por él es una decisión.
Por Ruth Paniagua Ortega, pedagoga y demógrafa chaqueña.
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