La plataforma “Presupuesto Abierto” de Bolivia, presentada por el Ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, contiene la información histórica y diaria del gasto fiscal de todo el Estado boliviano. A partir de las 20:00 horas de hoy, se encuentra a disposición de todos en el sitio abierto.economiayfinanzas.gob.bo. En algunas semanas, estará disponible también el seguimiento diario al gasto efectuado por el actual gobierno, informó.
Análisis de 20 años de presupuestos generales del Estado
El diseño del programa de análisis planteó cómo se gasta, qué institución pública (alrededor de 2000) y con qué ingresos. Se detectaron aproximadamente 3000 clasificadores presupuestarios, 900.000 formas de gastar y 340 formas de obtención de ingresos en el período del 2006 al 2025. La base de datos es gigantesca: tiene 200 columnas y 9 millones de filas. Se ha creado una especie de «Google presupuestario». Tres ejemplos expuestos en la presentación son 4900 millones de bolivianos en publicidad, 280 millones de bolivianos en infraestructura con el nombre de Evo Morales y 39 millones de bolivianos con el nombre de Álvaro García Linera.
Digitalmente, explican, que el 20% de la información fiscal ha “desaparecido”.
El POA 2026 que dejó Luis Arce Catacora
- 15.000 millones de bolivianos de ingresos inflados, que no se podían haber ejecutado de ninguna manera porque no van a existir, como los bonos de carbono (que rinden recién en el mediano plazo).
- 8.000 millones de bolivianos en gastos que estaban devengados para el 2027; es decir, gastos que se pensaban realizar este año pero que se registraban como si fueran a gastarse el año que viene.
- 4.800 millones de bolivianos en proyectos que no podrían haberse ejecutado porque se anotaron proyectos de inversión que no tenían fichas técnicas, sin derecho propietario constituido donde se suponía debía levantarse la obra pública.
- Se hablaba de un déficit fiscal de un 10% del PIB, sin embargo se ha constatado que preveían superar el 15% del PIB en déficit fiscal.
El proyecto de POA 2026 del gobierno de Rodrigo Paz que se presentará a la Asamblea Legislativa: 390.000 millones de bolivianos y dilación en el cierre de empresas públicas deficitarias.
- Prevén un déficit fiscal del 9% del PIB.
- Han reducido el gasto corriente del gobierno central en 4.100 millones de bolivianos (viáticos, pasajes, publicidad), lo que representa más del 1% del PIB. Verán con los gobiernos “subnacionales” de trabajar en un presupuesto “más realista”.
- Adicionan 1000 millones de bolivianos en inversión social: el equivalente a 3000 nuevos ítems en educación, 2.400 ítems nuevos en salud y 1.500 ítems nuevos en seguridad, que se agregan a los 1000 millones de bolivianos asignados al bono PePe, destinado a las familias más vulnerables.
- Dos modificaciones que propone el Ejecutivo nacional en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado: 1. Las transferencias presupuestarias que requiere un Alcalde o un Gobernador y demoraban 15 días para que el Ministro de Economía y Finanzas las apruebe, ya no tendrán demora alguna. 2. Un poder especial a la oficina de fortalecimiento de las empresas públicas para actuar como liquidadora, con 90 días de plazo para presentar el estudio técnico de caso de cada una de ellas y las que no cumplan los criterios necesarios serán cerradas y liquidadas. Las empresas públicas creadas por decreto se cerrarán por decreto; las que no, por ley.
Leopoldo Avellán, representante del BID en Bolivia presente en el evento de lanzamiento, destacó la plataforma Bolivia en tiempo real, con el presupuesto reformulado 2026, como una necesidad para permitir el acceso libre a la información, democratizando el análisis económico más allá del Estado, la apertura de datos convierte la rendición de cuentas en un hábito, no en un evento.
Sobre el presupuesto reformulado, el líder de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, publicó su desacuerdo con el mismo: «El Ministro de Economía finalmente presentó su presupuesto, pero decepcionó. Plantea un déficit fiscal del 9%, es decir, igual al de 2023 y superior al de 2021, 2022 y 2024. Con esa cifra no puede haber acuerdo internacional para formar un fondo de estabilización. Nadie nos va dar dinero para que se siga yendo al hueco negro del déficit. Se necesitó seis meses de rodeos y dilaciones para llegar a esto: una política inmovilista (nos dicen que recién en 90 días empezará a cerrar las empresas inservibles) y un presupuesto que no resolverá la crisis. No podemos atascarnos en el mismo lugar en que estábamos. Hay que avanzar y así lo propondremos en el Parlamento».
SICOES: 1458 entidades públicas constituyen el Estado Tranca
A casi 6 meses de la nueva gestión de gobierno, una rápida revisión del Sistema de Contrataciones del Estado (SICOES) revela que Bolivia tiene 1458 entidades públicas y, a excepción del ministro de Justicia por unas horas, Jorge Franz García Pinto, que cerró su despacho, el Estado tranca no ha variado estructuralmente.
En el Estado boliviano, existen 295 instituciones públicas «descentralizadas», como el Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, los Seguros Sociales Universitarios en cada uno de los nueve departamentos, la UCEP Mi Riego en La Paz, el Instituto Nacional de Catastro, el Fondo de Inversión para el Deporte, la Autoridad de Fiscalización de Empresas, Vías Bolivia, Escuela Boliviana Intercultural de Danza en La Paz, el Conservatorio Nacional de Música en La Paz, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, la Direccion Nacional de Fiscalizacion y Recaudaciones de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales (Senater), el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa – Opce, el Servicio Nacional de Desarrollo Productivo – Senadepro, el Servicio Nacional de Caminos Residual, Insumos Bolivia, el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalizacion Ana María Romero, el Apoyo Programático Sectorial A La Agricultura – Apsa, la Unidad de Coordinacion del Programa Piloto de Resiliencia Climática – Ucp-Ppcr, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, el Instituto del Seguro Agrario, el Instituto de Salud Ocupacional, Instituto Nacional De Investigaciones Socio – Laborales, Escuela Boliviana Intercultural De Musica – Ebim en Oruro, Nueva Vida Santa Cruz, la mayoría radicados en la ciudad de La Paz.
135 entidades públicas dependen de las 9 gobernaciones departamentales, 380 se reparten en los 330 municipios y 23 entidades públicas corresponden a servicios nacionales.
Figuran 14 empresas regionales, 34 empresas municipales y 44 empresas públicas nacionales en el sistema estatal de contrataciones, considerando que a principios de año el Ministerio de la Presidencia informó de la existencia de
Son 8 las instituciones financieras no bancarias, 37 entidades públicas conforman el Órgano Judicial, 77 entidades son dependientes de los Ministerios, 13 universidades públicas, 2 gobiernos autónomos indígena originario campesinos y 360 entidades públicas clasificadas como «otras».
¿Cuánto se ha avanzado en el cierre de empresas estatales deficitarias, en instituciones públicas innecesarias, en la simplificación del Estado para dejar de complicarle la vida al ciudadano? La empresa estatal Quipus sigue comprando partes, a pesar de la interpelación al ministro del área por parte del ex diputado Amilkar Barral en 2018, cuando develó que ofrecía celulares con el grabado del nombre y un tupper de promoción porque nadie los demandaba. «500 millones de bolivianos invirtió el Estado boliviano en la empresa pública Quipus. Habían afirmado que era sustentable y entre todos los parlamentarios presentes en la interpelación solo una sigue teniendo una computadora Quipus. 30.000 equipos de celulares y computadoras en depósito informados por el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural en 2018, equivalentes a 80 millones de bolivianos sin que se sepa de ellos. Han logrado vender solo 3000. Hacen promociones colocando el nombre personal en el celular que cuesta 10 bolivianos en Alasitas o un tupper por el día de la madre. Los celulares chinos son más económicos…», señalaba el ex parlamentario Barral.
Por Gabriela Ichaso Elcuaz. Fuentes: Lanzamiento de la plataforma Presupuesto Abierto y el SICOES.
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