Entre 1978 y 1980 el departamento de Santa Cruz vivió un conflicto regional histórico con el gobierno central. Un conflicto que, si bien, es recordado por las personas de esa generación, pasó desapercibido en la historia y en la tradición política. Es una disputa que enfrentó a tres poderosas instituciones de naturaleza peculiar. El gobierno central no necesita presentación. Desde la Revolución de 1952 comenzó a defender un esquema profundamente centralista, según José Luis Roca, el más centralista de la historia de Bolivia. Por otro lado, apareció el Comité Pro Santa Cruz, que se creó inmediatamente al anterior contexto. El rediseño del Estado por parte del MNR había coartado las tradicionales vías de comunicación institucional entre las élites locales y la sede de gobierno: se había abolido la elección democrática de los concejos municipales y alcalde. Por tanto, y ante la ausencia de ese enlace organizativo necesario, surgió un supragrupo regional de una pretendida naturaleza apolítica, pero que en la práctica, era el brazo ejecutor de la élite cruceña. A lo largo de los años, el Comité fue ganando una envidiable tracción social, y además, una legitimidad histórica en la defensa de los intereses regionales.

Finalmente, surgió la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ), que fue heredera directa del Comité de Obras Públicas (COOPP). Institución de origen autárquico que dio origen al desarrollo cruceño tal y como lo conocemos hoy. Esta entidad, por un lado, formaba parte orgánica del Estado Boliviano al ser un nivel desconcentrado del gobierno central, pero, por otro lado, al estar representada en su directorio por el Comité Pro Santa Cruz, era también una organización profundamente regionalista y receptora, por tanto, de la visión de la élite cruceña. En ese sentido, el conflicto aquí reseñado fue una encrucijada para CORDECRUZ, que se vio confundida entre su vinculación institucional y su lealtad a la región.

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Pues, el conflicto que se produjo entre estos entes fue muy intenso, por un lado, pero por otro, y eso es lo que nos importa aquí, fue muy rico en términos de complejidad sociológica. El elemento divisivo fue implementado por el “Macrodiagnóstico regional” y la “Estrategia regional” del Comité de Obras Públicas, ambos de 1975. Estos documentos, claramente, se enmarcaban en la estrategia nacional del gobierno progresista de Alfredo Ovando, ya abolida durante el gobierno de Banzer, de corte tradicionalista. Por otro lado, estos estudios servían también de marco a la transición del COOPP hacia la Corporación de Desarrollo y el enfoque productivo redistritibutivo que pretendía ejercer. Por tanto, el plan fue bloqueado por el gobierno de Banzer y la visión del Comité Pro Santa Cruz. Ambos preferían el enfoque de desarrollo clásico del COOPP que se abocaba a infraestructura y cuyas incipientes inversiones en desarrollo productivo no pretendían dilatarse con consideraciones de tipo social. Muy distinta era la visión de la naciente CORDECRUZ, que no solo pretendía planificar el desarrollo a partir de consideraciones de tipo redistributivo, sino que quería volcar la mayor parte del presupuesto al desarrollo de las provincias del departamento.

En un primer momento, y en pleno gobierno de Banzer, los técnicos del entonces COOPP conspiraron para ejecutar su visión progresista de desarrollo representada por la transición del ente sectorial, que era entonces el COOPP, hacia un ente global. El Gobierno de Banzer y el Comité Pro Santa Cruz intentaron frenar sistemáticamente la ejecución de estas ideas. En esta etapa existía una afinidad ideológica entre el Comité Pro Santa Cruz y el gobierno de Banzer, pero a pesar de eso, existía desconfianza mutua. El gobierno central y la dirigencia del COOPP no brindaron la información completa al Comité Pro Santa Cruz respecto a la Ley de Corporaciones de Desarrollo que trabajaban en reserva. Lo hicieron porque usaron un artículo para neutralizar su representatividad en el directorio, incorporando para este fin varios delegados del gobierno central. Entonces, a pesar del entendimiento político entre estos niveles de poder, hubo una fuerte contradicción debido a intereses regionales.

El inicio del conflicto se dio una vez derrocado Banzer y su sucesor y delfín Juan Pereda. Inició en el régimen de David Padilla, quien aparentemente era afín al progresismo político y nombró al ingeniero Oscar Serrate como presidente de CORDECRUZ. Serrate tenía la idea de implementar de manera ortodoxa la Estrategia de 1975, que pregonaba el desarrollo desde las provincias, y a esto se oponía el Comité Pro Santa Cruz, como se mencionó anteriormente. La institucionalidad departamental comenzó a mostrar división. En este contexto, Oscar Serrate hizo dos denuncias: la primera, que el gobierno de Banzer no informó oportunamente de la reducción del financiamiento del petróleo a la región debido al agotamiento del recurso; y luego, que le redujo de forma unilateral las regalías al departamento al cambiar su base de cálculo en los años de mayor bonanza. En este contexto, se produjo una violencia armada ante el arribo del candidato Hernán Siles Zuazo (artífice intelectual de la violencia sangrienta ejercida durante la represión a las Luchas Cívicas), en la que participaron fuerzas paramilitares afines al Comité Pro Santa Cruz y, por otro lado, afines a la UDP.

En un segundo momento, se produjeron intercambios verbales agresivos entre CORDECRUZ y el Comité Pro Santa Cruz. Las elecciones nacionales no habían producido un claro ganador y en un congreso empantanado, se definió a Walter Guevara Arze como presidente transitorio, a partir de una compleja alianza de partidos. Guevara ratificó en el cargo de presidente de CORDECRUZ a Serrate, en contra de los deseos del Comité Pro Santa Cruz. Pero aquello no quedó ahí, sino que entre ambos se propusieron desgastar aún más la imagen del ente cívico, utilizando el tema de la disminución de las regalías del departamento, en el entendido de que el Comité Pro Santa Cruz había sido cómplice del Gobierno de Banzer al no denunciar estos hechos. En ese contexto, curiosamente, estalló un aparato explosivo afuera de las instalaciones del Comité Pro Santa Cruz, por tanto, este se abstuvo de participar de los festejos departamentales de septiembre, en protesta. Por si aquello fuera poco, una vez caído el gobierno de Guevara, debido al golpe de Natusch Busch, el Comité Cívico cometió el error de apoyar públicamente a ese gobierno de facto. El gobierno duró pocos días y fue posesionada presidente Lidia Gueiler con el compromiso de llamar nuevamente a elecciones generales. Estos actos debilitaron fuertemente la influencia pública del Comité Pro Santa Cruz frente a la imagen de CORDECRUZ, que apoyando el incipiente proceso democrático y con el plan de llevar desarrollo a las provincias, demostró intenciones claras de asumir también la dirigencia cívica del departamento.

En el momento más álgido del conflicto, tanto CORDECRUZ como el Comité Cívico utilizaron su tracción social para desgastarse mutuamente. En ese lapso, el Gobierno de Gueiler cometió el error político de aprobar la ejecución del proyecto de San Buenaventura en La Paz. Un proyecto sin buen respaldo técnico que planeaba competir con la industria azucarera cruceña. Por otro lado, CORDECRUZ también se arriesgó políticamente al intentar privatizar el proyecto de cemento de Yacuses, con montos y licitaciones ya comprometidas para su ejecución, e intentó desentenderse como mediador respecto al desembolso de financiamiento en el marco del Fondo de Desarrollo del Brasil. Estas dos decisiones fueron muy impopulares y convulsionaron las provincias, retornándole al Comité Pro Santa Cruz su vigor político perdido con las anteriores polémicas con CORDECRUZ. Ante las movilizaciones ciudadanas, ambas instituciones (gobierno y CORDECRUZ) se retractaron de sus decisiones.

Estos eventos finalizaron con el golpe de Estado de García Meza y su posterior arremetida contra las políticas que había estado implementando CORDECRUZ, a través de la presidencia de Arturo Cronembold.

Ahora, ¿por qué esta investigación es importante?

Desde el punto de vista académico hay un debate teórico paralelo a estos eventos, muy rico, que sirve de interpretación para este conflicto. En cierto momento, el doctor Isaac Sandoval cuestionó la postura regionalista de José Luis Roca para explicar la conflictividad boliviana, intentando neutralizarla a partir del concepto de clase social. Roca refutó eficientemente la intolerancia conceptual de Sandoval e incluso se dio una suerte de contrarréplica por parte del aludido, en la que demostró rectificaciones respecto a su ataque inicial. Es interesante que este debate se reactualizó décadas después a través de aportes como los de Fernando Prado, Victor Rojas, Ana Carola Traverso y otros. E incluso, podría continuar vigente hoy en día.

Es fascinante que existe un paralelismo entre esa postura teórica que pregona a la región como una categoría social de estudio y la postura del Comité Pro Santa Cruz que buscaba precisamente integrar al departamento bajo esa idea. Y por otro lado, la posición de que solo se puede analizar la realidad social desde el concepto de clase social, es similar al plantemiento de CORDECRUZ que quería redistribuir el excedente regional bajo criterios sociales. 

Desde el punto de vista político, es un evento trascendental del desarrollo cruceño. Primero, desde las dificultades por las que atravesó la autarquía cruceña para impulsar el desarrollo regional. Y por otro lado, debido a que es un testimonio dramático de esa forma oscilante que tiene la inestabilidad política boliviana de pugnar entre integración y conflicto: Integración nacional y conflictos regionales, y además, integración regional y conflicto dentro de cada región (estratos y élites).

Entonces, este evento desempolva un capítulo intermedio de la ejecución de la modernización cruceña, si se considera al inicio de este proceso a las Luchas Cívicas de la década de 1950. Los eventos narrados aquí son parte de la continuación de aquello. Un proceso poco fácil, de fuerte confrontación ideológica, de diversidad social y una integración creativa que intenta sobreponerse a esa diversidad. Era necesario recoger los reflejos de esos eventos para comprender mejor la situación actual de la modernización cruceña y sus perspectivas futuras..

Por Juan Pablo Paredes Daza, autor del libro «Reflejos de un conflicto» (Estructura social de la disputa institucional entre Santa Cruz y el Estado boliviano 1978-1980), presentado el 15 de abril de 2026 en el Museo de Historia de la UAGRM en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

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