Bolivia está a punto de descubrir una curiosa innovación económica: tener automóvil barato y combustible de rico. Gasolina a 18,40 Bs el litro.
Hagamos las cuentas sin anestesia. Si tomamos un ingreso per cápita de US$3.000 anuales de Bolivia y un dólar de Bs 12, hablamos de apenas Bs 36.000 al año, es decir, Bs 3.000 mensuales. Supongamos ahora que nuestro ciudadano posee un automóvil pequeño, sin pretensiones de Ferrari ni delirios de Fórmula 1, y carga 50 litros cada dos semanas. Con gasolina a Bs 18,40 el litro, cada visita al surtidor cuesta Bs 920. Dos visitas al mes: Bs 1.840.
Ahí comienza la comedia negra. Nuestro boliviano promedio dedicaría 61% de su ingreso mensual solamente a darle de beber al automóvil. Si contamos rigurosamente 26 quincenas al año, gastaría Bs 23.920, aproximadamente 66% de sus Bs 36.000 anuales. El auto estaría razonablemente alimentado; su propietario tendría que empezar a desarrollar fotosíntesis.
Y eso sin contar aceite, llantas, mantenimiento, seguro, impuestos, estacionamiento ni reparaciones. A Bs 18,40, llenar un modesto tanque de 50 litros cuesta Bs 920: casi un tercio del ingreso mensual per cápita que estamos utilizando como referencia. El problema, entonces, no es solamente si Bs 18,40 refleja el precio internacional o la estructura de costos. El problema económico y social es quién puede pagar ese precio sin convertir al automóvil en otro miembro de la familia que come primero.
Podemos hacer la pregunta al revés. ¿Cuánto tendría que ganar alguien para que esos Bs 1.840 mensuales de gasolina representaran una proporción razonable de su presupuesto? Si aceptamos como referencia un gasto equivalente al 10% del ingreso e n gasolina, necesitaría ganar aproximadamente Bs 18.400 mensuales. Si queremos que represente un más cómodo 5%, necesitaría Bs 36.800 mensuales.
Ahí aparece la paradoja en toda su belleza tropical: no tenemos ingresos de Bs 18.400 o Bs 36.800, pero podemos terminar teniendo gasolina diseñada para esos bolsillos. Queremos importar el precio internacional del combustible sin haber importado previamente los salarios internacionales.
Esto no significa defender eternamente una gasolina artificialmente barata. La subvención universal puede ser fiscalmente ruinosa, regresiva y generadora de contrabando. Debe reformarse. Pero una cosa es eliminar una mala subvención y otra muy distinta lanzar de golpe el precio internacional sobre una economía de ingresos bajos y esperar que las familias simplemente sonrían, ajusten el cinturón y sigan conduciendo.
Por eso la discusión seria no debería ser “subsidio sí o subsidio no”. Debería ser cómo transitar hacia precios sostenibles mediante gradualidad, estabilización frente a shocks internacionales y protección focalizada para quienes realmente necesitan energía para trabajar y producir. Lo invito a leer mi propuesta que esté en las redes sobre tokens de energía 
Porque Bs 18,40 puede ser un precio técnicamente explicable y, al mismo tiempo, socialmente explosivo en la calle. Los precios internacionales viajan en primera clase. Los ingresos bolivianos, lamentablemente, todavía están esperando su equipaje.
Generalmente, para justificar estos precios elevados se repite una frase que ya comienza a adquirir categoría de doctrina económica: “la gasolina más cara es la que no hay”. Puede ser. Pero esa elegante sentencia tiene una pequeña nota al pie: funciona estupendamente para quien puede pagar la gasolina que sí hay. Para los simples mortales, aquellos que hacen cuentas antes de encender el motor, la frase probablemente sea otra: “la gasolina más cara es la que existe, pero mi sueldo no alcanza para comprarla”.
Porque entre una gasolina que no existe y una gasolina que no puedes pagar hay una diferencia maravillosa para las estadísticas, pero ninguna para tu automóvil: en ambos casos, el tanque está vacío.
Y quizá ahí esté toda la tragedia: hemos resuelto la escasez en el surtidor trasladándola al bolsillo. Antes faltaba gasolina. Ahora puede empezar a faltar gente que pueda comprarla.
Por Gonzalo Chávez A., economista con maestrías en Política Económica y Relaciones Internacionales; director de Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana.
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